Otros fondos buitres reclaman parte de las acciones de YPF en el conflicto judicial en Nueva York

La novela judicial por el control de YPF sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Nueva York. Esta vez, un grupo de fondos acreedores que no tienen nada que ver con la expropiación de 2012 ni con el juicio que ganó Bainbridge, apareció en escena para reclamar parte del paquete accionario que la jueza Loretta Preska ordenó transferir hace apenas unos días.

Los fondos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee, todos con sentencias a favor por otras deudas impagas del Estado argentino, presentaron un escrito ante Preska pidiendo lo que en la jerga legal estadounidense se conoce como una orden "me too". ¿Qué significa esto? Básicamente, quieren engancharse al fallo ya dictado y usar los mismos mecanismos para cobrar lo que se les debe.

El problema es que esta movida llega justo cuando el Gobierno argentino está intentando frenar la ejecución del fallo de Preska, que ordena entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos que ganaron el juicio por la estatización. Desde Casa Rosada advierten que no se trata de cualquier empresa: es un activo estratégico y su transferencia sería no solo inviable, sino hasta peligrosa para los intereses nacionales.

En este marco, crecen las sospechas de que lo que está ocurriendo sea una jugada más de los fondos buitre, que, aprovechando los vericuetos del sistema judicial norteamericano, intentan quedarse con lo que puedan. El oficialismo lo denuncia como una avanzada financiera que busca hacer caja con activos clave, en un momento delicado para la economía argentina.

Para colmo, los analistas de Latam Advisors con Sebastian Maril a la cabeza, remarcan que esta nueva demanda le mete más presión a la defensa legal del país. Si los fallos de estos fondos se consideran prioritarios, el conflicto se enreda aún más, y se abre un debate incómodo: ¿quién cobra primero cuando el deudor es un Estado en problemas?.

Por ahora, la jueza Preska no se pronunció sobre el pedido de Attestor y compañía, pero todo indica que el frente judicial por YPF está lejos de cerrarse. Cada nuevo actor que se suma, cada escrito que se presenta, cada intento del Gobierno por poner el freno, alimenta la tensión en una causa que ya es un símbolo del choque entre soberanía y especulación.

La pelea por el corazón de la petrolera estatal promete seguir dando tela para cortar. Con el tiempo corriendo y los acreedores haciendo fila, lo que se discute no es solo plata: también está en juego quién decide sobre los recursos estratégicos de un país.