El Gobierno disuelve siete organismos públicos y arranca una fuerte reestructuración
Apuntan contra entes "sobredimensionados e ineficaces" y avanzan con recortes, fusiones y disoluciones. Buscan achicar el gasto y que el Estado deje de competir con el sector privado.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
El Gobierno nacional decidió cambiar las cosas en siete organismos estatales que, según el Ministerio de Economía, estaban funcionando con estructuras infladas, superpuestas y sin los resultados esperados. La medida, explicaron, apunta a “optimizar recursos” y achicar el gasto público, en línea con los objetivos de equilibrio fiscal. En los próximos días se publicará el Decreto correspondiente.
Entre las instituciones que se reestructurarán o directamente se disolverán, están el INTI, el INTA, el ARICCAME, el INAFCI, el INASE, el INV y el INPI. Desde Economía aseguraron que muchas de estas entidades “se desviaron de su misión inicial” y en algunos casos “compitieron con el sector privado, generando distorsiones en el mercado”.
Caso por caso: qué cambia
El INTI dejará de ser un organismo independiente y pasará a ser una unidad dentro de la Secretaría de Industria y Comercio. Hoy cuenta con más de 2.300 empleados y un presupuesto que supera los $85 mil millones. Según el comunicado oficial, durante gestiones anteriores se sumaron funciones que podrían cubrir perfectamente empresas privadas, afectando la libre competencia. La idea es que ahora el INTI se concentre exclusivamente en tareas técnicas de metrología, calidad e innovación.
El INTA, por su parte, se transformará en un organismo desconcentrado dentro de la Secretaría de Agricultura. Se mantendrán las tareas vinculadas a innovación y transferencia tecnológica, pero dejará de recibir fondos para el extensionismo rural y la agricultura familiar, considerados “gastos redundantes”. Actualmente el INTA emplea a más de 6.000 personas y tiene un presupuesto de casi $229 mil millones.
La ARICCAME, que se encargaba de regular la industria del cáñamo y el cannabis medicinal, directamente se disuelve. Sus funciones pasarán a una dirección nacional en Industria y Comercio. La ANMAT volverá a encargarse de los aspectos medicinales del cannabis, mientras que la Secretaría de Industria tomará el control sobre el cáñamo con fines productivos.
El INAFCI, que se ocupaba de la agricultura familiar, también será dado de baja. Sus tareas serán absorbidas por Agricultura, Ganadería y Pesca. Desde el Gobierno fueron tajantes: lo acusaron de haber sido utilizado como herramienta política y de operar con muy poca eficiencia.
En la misma línea, el INASE, dedicado a la regulación de semillas, será absorbido también por la Secretaría de Agricultura. El objetivo es “evitar la fragmentación de la política agrícola”.
El INV, instituto clave para la certificación del vino argentino en mercados internacionales, pasará a depender directamente de Agricultura, aunque conservará su nombre. El foco estará en mantener la trazabilidad de los productos pero con menos burocracia. Las certificaciones, de ahora en más, serán voluntarias.
Por último, el INPI, que se encarga de las patentes y la propiedad industrial, será reestructurado como ente desconcentrado dentro de la Secretaría de Industria y Comercio. Su rol seguirá siendo el mismo, pero con una estructura más liviana.
Desde el Gobierno aseguran que esta batería de cambios no solo reducirá gastos, sino que permitirá un Estado “más ordenado y alineado con las metas económicas”. También remarcaron que algunas de estas instituciones, al estar tan alejadas de su rol original, terminaron generando “nichos políticos” o “dobles funciones” sin resultados claros.
Ahora queda por ver cómo se implementan estos cambios en la práctica y qué impacto tendrán tanto en los trabajadores de los organismos involucrados como en los sectores productivos que hasta ahora se vinculaban con ellos. También se abre el interrogante sobre si esta será la primera tanda de un ajuste estatal más amplio.
