AySA camino a la privatización: el Gobierno habilita la venta de acciones y autoriza cortes por falta de pago

Con un DNU, el Ejecutivo dio luz verde a la incorporación de capital privado en la empresa de agua y saneamiento. Además, se permitirán suspensiones del servicio a usuarios morosos y se modifica por completo el marco regulatorio.

Por Eric Nesich

Periodista especializado en Economía y Finanzas

Hace 9 horas

 

El Gobierno nacional apretó el acelerador y oficializó un paso fuerte: privatiza AySA, a empresa que presta servicios de agua y cloacas en el AMBA. A través del DNU 493/2025, se habilita la venta de acciones de la compañía —hasta ahora 100% estatal— y se permite la entrada de capitales privados. 

 

Pero eso no es todo: también se autoriza a la concesionaria a cortar el servicio por falta de pago, una novedad de peso para los usuarios.

 

El decreto modifica el viejo artículo 2° del Decreto 304/06, que hasta ahora blindaba la propiedad estatal de AySA. Con la nueva norma, el Estado podrá vender total o parcialmente su participación, lo que deja la puerta abierta a una privatización completa. En paralelo, el texto amplía las facultades de la empresa que tome el control: podrá revisar obras, usar los fondos del servicio como garantía financiera y, sobre todo, suspender el suministro ante deudas.

 

Desde el Ejecutivo argumentan que el esquema actual "no da para más": según el decreto, AySA atraviesa un “profundo deterioro operativo y financiero” y su modelo estatal impide atraer nuevas inversiones o extender la red. La nueva jugada apunta, dicen, a mejorar eficiencia, cobertura y sostenibilidad. Para eso, también se encargó a la Agencia de Planificación (APLA) que elabore un **Plan Director de Mejora Estratégica**, con obras, financiación y prioridades claras.

Como parte del nuevo marco, se prevé un régimen de transición de hasta cinco años, pensado para garantizar un traspaso ordenado y mantener el equilibrio financiero del contrato de concesión. En ese lapso, se ajustarán tarifas, inversiones y condiciones para el nuevo operador, sin cortar de cuajo el modelo anterior.

 

La decisión no tardó en generar ruido. Mientras sectores del oficialismo celebran la apertura al capital privado como una forma de “modernizar” un servicio clave, otros advierten que podría afectar la accesibilidad al agua, sobre todo en zonas vulnerables. La posibilidad de cortes por falta de pago ya despertó críticas en redes y organizaciones sociales.

 

La medida se inscribe en el plan más amplio de desestatización que impulsa el gobierno de Javier Milei, que ya apunta a otras empresas públicas. AySA, por su rol estratégico en el AMBA, es una de las piezas más grandes y simbólicas del tablero. Y ahora entra en una nueva etapa: la de la gestión privada con espíritu de concesión y lógica de mercado.
 

 

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