El Gobierno avanzará con la privatización de AySA y lanza el proceso para vender el 90% de la empresa
La administración de Javier Milei oficializó el inicio de la desestatización de la empresa distribuidora de agua. Se busca sumar un operador privado y vender acciones al mercado
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
El Gobierno dio este viernes un paso más en su plan de reformas estructurales y puso en marcha el proceso para privatizar AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento.
Según informó el vocero presidencial Manuel Adorni desde Casa Rosada, se transferirá el 90% de las acciones a inversores privados a través de una licitación pública nacional e internacional, junto a una oferta inicial en el mercado de capitales.
El 10% restante quedará reservado para los trabajadores, bajo el Programa de Propiedad Participada. El Ejecutivo apunta a que esta jugada permita modernizar la infraestructura, mejorar el servicio y reducir el déficit fiscal. El proceso será regulado por la Comisión Nacional de Valores y buscará, además, sumar transparencia luego de años de cuestionamientos sobre la gestión estatal.
También apuntó a gastos llamativos durante la gestión anterior, como $1.300.000 en eventos de marketing en Tigre y Malvinas Argentinas —territorios donde vivía la cúpula directiva— y la compra de vehículos a precios inflados. Según Adorni, AySA fue usada como herramienta política, sin foco real en el servicio a los usuarios.
En paralelo al anuncio sobre AySA, el Gobierno confirmó un cambio importante en la Sindicatura General de la Nación (SIGEN): se va Miguel Blanco y entra Alejandro Díaz, un especialista en control estatal con trayectoria en Nucleoeléctrica Argentina. Díaz también es docente, autor de libros y fue premiado por su labor en auditoría y gestión pública.
Con estas medidas, el oficialismo acelera su hoja de ruta para achicar el Estado, desactivar estructuras que considera ineficientes y apostar por modelos de gestión privada en sectores clave. AySA es solo una de las empresas en la mira. La apuesta es clara: menos presencia estatal, más iniciativa del mercado y que el servicio mejore en el camino.