El Gobierno promulgó las leyes del Garrahan y de las universidades, pero suspendió su aplicación
Tras el rechazo del Congreso a los vetos de Milei, el Ejecutivo publicó las normas en el Boletín Oficial, aunque su puesta en marcha quedó frenada hasta que el Parlamento diga de dónde saldrá la plata. El mismo conflicto que ya se vio con la ley de discapacidad.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
El Gobierno terminó promulgando este martes las leyes de emergencia pediátrica —la conocida “Ley Garrahan”— y de financiamiento universitario, pero con un asterisco grande como una casa: no hay fondos asignados para aplicarlas. La movida se formalizó con los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, después de que el Congreso diera vuelta los vetos de Javier Milei a pura mayoría el pasado 2 de octubre.
En la práctica, las leyes 27.795 y 27.796 están promulgadas, pero no operativas. El Ejecutivo repite el mismo argumento que usó hace unas semanas con la ley de discapacidad: que el Parlamento no indicó con claridad de dónde saldrán las partidas para financiar los gastos. Por eso, la pelota queda ahora del lado del Congreso, que deberá resolver el tema en el Presupuesto 2026.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había marcado esa línea en septiembre, cuando señaló que ejecutar una norma sin fondos definidos “sería ilegal” y podría generar responsabilidad funcional. Con la publicación de los decretos, el Gobierno dejó en claro que no piensa habilitar recursos hasta que el Congreso los incorpore en el presupuesto nacional.
Ley de financiamiento universitario
La Ley 27.795 apunta a recomponer los salarios docentes y no docentes, sostener el financiamiento de las universidades públicas y reforzar becas y programas académicos. También prevé ajustar sueldos según la inflación y sumar aportes para investigación y tecnología.
Según cálculos oficiales, el costo de aplicar la norma rondaría el billón de pesos en 2025, y podría superar los dos billones el año siguiente. Pero nada de eso podrá ponerse en marcha hasta que el Congreso diga cómo se cubrirá esa erogación. El Ejecutivo advierte que aplicar la ley sin esa previsión sería “incompatible con la ley de ejecución del gasto público”.
Ley Garrahan o de emergencia pediátrica
Por su parte, la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria pediátrica por un año y pone al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional. Busca garantizar atención infantil de calidad, mejorar las residencias médicas y recomponer los sueldos del personal de salud.
El costo estimado ronda los $196 mil millones, con recursos que, según el texto, saldrían del propio Ministerio de Salud. Pero el Gobierno asegura que esas partidas no alcanzan y que el ministerio ya arrastra un déficit de más de $100 mil millones, lo que pondría en riesgo otros programas sensibles, como los de medicamentos gratuitos o la prevención de VIH.
Por eso, al igual que la norma universitaria, la ley pediátrica también quedó en pausa hasta que haya fondos definidos. Además, el decreto presidencial cuestiona que el Congreso haya intentado derogar una resolución interna del Ministerio de Salud, algo que —según la Casa Rosada— invade facultades propias del Ejecutivo.
La disputa por el financiamiento deja en el aire dos leyes con fuerte respaldo social y político. El Congreso las aprobó con amplia mayoría, pero el Ejecutivo se escuda en la falta de recursos para no ejecutarlas, en línea con su política de ajuste fiscal.
En los hechos, el conflicto expone una pulseada abierta entre el Gobierno y el Parlamento sobre quién define las prioridades del gasto público. Mientras tanto, universidades y hospitales esperan que la política deje de tirarse la pelota y empiece a dar respuestas concretas.
