Emergencia en Discapacidad: el Gobierno promulgó la ley pero la dejó en suspenso por falta de fondos
Tras el veto presidencial y la insistencia del Congreso, la norma fue oficializada en el Boletín Oficial. Sin embargo, su aplicación quedó congelada hasta que se definan partidas específicas en el Presupuesto 2026.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido vetada por Javier Milei y luego ratificada por ambas cámaras del Congreso. Pero lo hizo con una salvedad: la norma quedó suspendida hasta que los legisladores indiquen en el próximo Presupuesto de dónde saldrán los recursos para financiarla.
La ley declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de prórroga por un año más. Pero en el decreto 681/25, firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se advirtió que el Parlamento “omitió establecer con precisión cómo se financiarán los gastos que implica su aplicación”.
En el texto, Francos citó el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que obliga a toda nueva norma con impacto presupuestario a señalar las fuentes de financiamiento. Por eso, el Ejecutivo pidió que diputados y senadores incluyan en la ley de Presupuesto 2026 las partidas correspondientes, aclarando que “el presupuesto actual no dispone de créditos suficientes para afrontar su implementación”.
El camino de la ley fue accidentado: aprobada este año en el Congreso, luego vetada por Milei y finalmente ratificada por ambas cámaras, su aplicación ahora depende de que el Parlamento disponga de los fondos en el Presupuesto. Hasta entonces, queda en pausa.
La resolución del Gobierno expone un clásico dilema político: una ley con fuerte consenso social pero sin respaldo financiero. Mientras el Congreso presiona para que se avance en un área sensible como la discapacidad, el Ejecutivo pone el acento en la sostenibilidad fiscal, marcando que sin partidas asignadas la norma es letra muerta.
El desenlace dependerá de la negociación presupuestaria de los próximos meses. Si se logra un acuerdo para financiar la emergencia, la medida puede significar un alivio real para un sector históricamente postergado. Pero si la discusión se empantana, la suspensión se convertirá en una muestra más de la distancia entre la urgencia social y la aritmética de las cuentas públicas.
