Argentina presentó sus argumentos en la apelación por las acciones de YPF y aguarda fallo clave en Nueva York

Argentina presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sus fundamentos para solicitar la suspensión y sin condiciones de la entrega del 51% de las acciones que el Estado posee en YPF. La intención es que esta medida se mantenga mientras se resuelve la cuestión de fondo relacionada con la expropiación de la empresa en 2012 y la indemnización que supera los USD 17.500 millones, conforme al fallo de primera instancia emitido en 2023 por la jueza Loretta Preska.

Si bien la Corte no tiene un plazo establecido para emitir su decisión, ambas partes esperan que el fallo se conozca en pocas horas. Este proceso incluye además el amicus curiae presentado por el gobierno de Estados Unidos, apoyando la posición argentina, y la oposición del fondo Burford Capital, principal beneficiario del juicio, que criticó duramente dicho apoyo.

Los argumentos argentinos, elaborados por abogados estadounidenses coordinados por la Procuración del Tesoro de la Nación, sostienen que la sentencia de primera instancia interpretó incorrectamente la ley del Estado de Nueva York y vulnera el principio de cortesía internacional o comity. Además, se señala la violación de la inmunidad soberana de Argentina, una postura también respaldada por Estados Unidos en su presentación.

Se destaca que las acciones de YPF están depositadas en Argentina y no en territorio estadounidense, y que no guardan relación con la actividad comercial que originó la demanda presentada por Burford Capital. Desde la perspectiva de Argentina, el tribunal podría optar por tres posibles caminos:

El mejor escenario sería que la Corte suspenda la entrega de acciones y permita continuar con la apelación final, cuyo avance se espera para el próximo año. Un resultado intermedio podría aprobar la suspensión pero exigir garantías para sostener el proceso, lo que implicaría volver a la jueza Preska para definir esas condiciones. Finalmente, un fallo adverso ordenaría la entrega definitiva de las acciones, aunque el Gobierno insiste en que “negociar no es una opción”.

Entre los puntos centrales de la presentación argentina se encuentran:

• La orden de entrega vulnera la inmunidad soberana según la Ley de Inmunidades Soberanas de Estados Unidos, ya que las acciones se encuentran en territorio argentino y no se usan para actividades comerciales en EE.UU.
• Se transgrede el principio de cortesía internacional al exigir que Argentina incumpla su propia legislación.
• Los demandantes no demostraron un perjuicio por la suspensión de la entrega, dado que la ley argentina impide la venta sin la aprobación del Congreso.
• La transferencia de las acciones causaría un daño irreparable al Estado argentino al perder el control sobre la principal empresa energética.
• La ejecución de la orden afectaría a terceros, dañaría las relaciones bilaterales y podría provocar represalias judiciales contra Estados Unidos en otras jurisdicciones.

Desde la Procuración del Tesoro se afirmó que “el Gobierno nacional continuará defendiendo los intereses de la República con firmeza jurídica y pleno respeto por la soberanía, en contraste con la desidia de quienes nos llevaron a enfrentar esta situación”. En las últimas horas, el Ejecutivo dejó claro que, si el fallo es adverso, apelará directamente ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, buscando preservar el control estatal sobre YPF y proteger la soberanía nacional.