Una política defensiva frente a la volatilidad de la economía argentina

En las últimas semanas, la dinámica económica se vio afectada fuertemente por la política, tanto por la cercanía de los comicios como por los reveses sufridos en el Congreso y la reciente difusión de audios que dieron origen a una investigación por una supuesta malversación de fondos.

Más en detalle, un Congreso adverso para el oficialismo sancionó leyes que van contra la principal ancla del programa, el superávit fiscal, y hubieran aumentado el gasto en 0,5% del PBI de no haber sido vetadas. Sin embargo, el bloque de La Libertad Avanza tuvo dificultades para defender el veto presidencial, que fue rechazado en el caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad (0,13% del PBI).

La sumatoria de golpes en el plano político aumenta las dudas de los inversores en cuanto a la continuidad de las políticas actuales y la capacidad de implementar reformas adicionales en el futuro. Así, en un contexto de mercados alcistas en Wall Street, los mercados locales se comportaron de manera contraria: el dólar aumentó 2%; el riesgo país, 20% y el Merval cayó un 5%.

Más allá de la coyuntura política, la economía tiene sus propias fragilidades, remanentes de la compleja situación heredada a fin de los 2023. En este marco, la aprobación de la primera revisión por parte del directorio del FMI habilitó el desembolso de USD 2.000 millones, que llevaron a las reservas netas a más de USD 7.000 millones, disponibles para intervenir en el caso de que la cotización del dólar toque el techo superior de la banda cambiaria.

La evaluación de la entidad financiera dejó puntos altos como el sobrecumplimiento de la meta fiscal, que con el resultado acumulado a julio (1,1% del PBI) deja el camino prácticamente allanado para cumplir el objetivo anual del organismo internacional (1,2% del PBI). De todas formas, al ser un pilar fundamental del programa económico, el Gobierno tiene su propia meta superadora y busca alcanzar un superávit primario de 1,6% del PBI.

Más en detalle, en lo que va del año, el superávit se logró por la estabilidad de los ingresos (+0,02% del PBI vs. 2024), un resultado auspicioso teniendo en cuenta la eliminación del impuesto PAIS (0,7% del PBI acumulado a jul-24) y que la recomposición recaudatoria fue producto del crecimiento económico y no de mayor presión impositiva.

A su vez, respecto al año pasado, el gasto se incrementó en un 0,29% del PBI, debido a la indexación de partidas como jubilaciones (+0,57% del PBI acum. a jul-25) y asignaciones familiares (+0,1% del PBI acum. a jul-25) a una inflación pasada mayor a la actual. De manera contraria, se ajustaron gastos como planes sociales (-0,22% del PBI acum. a jul-25), salarios públicos (-0,06% del PBI acum. a jul-25) y subsidios energéticos (-0,34% del PBI acum. a jul-25).

En este marco, el Ministerio de Economía y el Banco Central buscaron tener una política conjunta para morigerar el impacto de la volatilidad política. La estrategia se basó en defender uno de sus principales activos de cara a la elección: la baja inflación. De esta manera, la atención se enfocó en el equilibrio del tipo de cambio que, como comentamos en informes anteriores, en contextos de alta inflación se convierte en una referencia para los precios.

En ese sentido, aunque abandonamos el momento de mayor tensión inflacionaria y en julio el pasaje de dólar a precios arrojó un resultado muy alentador (13% del dólar vs. 1,9% de la inflación), todavía no se puede prescindir de la estabilidad cambiaria para la continuidad del programa de estabilización general.

Por eso, el Banco Central no intervino en el mercado spot, algo que no puede hacer mientras que la cotización se encuentre dentro de las bandas, pero si en el mercado de dólar futuro (con USD 5.000 millones según el Staff Report del FMI). Además, luego de la eliminación de las Lefis, el Tesoro fue convalidando aumentos en las tasas de interés en sus licitaciones (75% TEA en la última licitación -27/8-), con la intención de mantener la atractividad de los instrumentos en pesos y evitar un estrés financiero que presione al precio de la divisa.

Lógicamente, el costo fue aumentar el pago de intereses que, si bien no se reflejan totalmente en las estadísticas fiscales por la forma en la que funcionan las Lecaps, ya contabilizan 1,7% del PBI en lo que va del año.

En esta sintonía y de manera preventiva, el Tesoro reforzó su política de reducción de liquidez mediante el aumento de los encajes, una proporción de los depósitos que los bancos privados se ven obligados por normativa a mantener en el Banco Central. La obligación pasó de 40% a 53,5% para depósitos en caja de ahorro, cuenta corriente y plazos fijos, pero como contraparte permitió que 13,5% puntos puedan ser remunerados mediante la compra de Lecaps a más de 60 días. De esta forma se aseguró la menor oferta de pesos en el mercado, incentivando a los bancos a la compra de los instrumentos a mediano plazo y restando volatilidad al tipo de cambio.