Milei oficializó la reestructuración en la Procuración del Tesoro tras presunta filtración en el caso YPF

Tras sospechas de una filtración vinculada al juicio por la expropiación de YPF, el Gobierno avanzó con una reestructuración a fondo del organismo. Cerraron la Escuela de abogados del Estado y achicaron fuerte el plantel.

Por Eric Nesich

Periodista especializado en Economía y Finanzas

Hace 6 horas

En una nueva jugada para mostrar orden y austeridad, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 475, que le cambia la cara a la Procuración del Tesoro de la Nación. El anuncio llegó después de que se encendieran las alarmas por una presunta filtración de datos sensibles en el marco del juicio internacional por la expropiación de YPF. Con ese telón de fondo, desde el Ejecutivo decidieron meter bisturí y hacer una limpieza profunda.

Según trascendió desde adentro del organismo, se trata de un recorte histórico de personal y una fuerte reducción de áreas técnicas. Todo en nombre de la "eficiencia operativa", como explicó el Gobierno, que además prometió que la nueva estructura va a estar alineada con criterios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos. La medida generó ruido entre trabajadores de la casa, pero el mensaje oficial fue claro: “Esto es parte de una reingeniería para ordenar lo que venía muy flojo de papeles”.

Uno de los cambios más llamativos fue la disolución de la Escuela de Abogados del Estado, una institución que funcionaba como espacio de formación para los letrados que defienden al país en los tribunales. Si bien el decreto reconoce que la Escuela “cumplió su rol”, también señala que enfrenta “desafíos estructurales” que dificultan seguir adelante. Por eso, se optó por bajarle la persiana.

Los cursos y programas que ya estaban en marcha no se frenan de golpe: van a seguir hasta que terminen, pero ahora bajo la órbita del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP). Este centro, que gana protagonismo, también se encargará de elegir a los abogados estatales que aspiren a becas de perfeccionamiento y de supervisar todo el proceso de selección y propuesta de candidatos ante el Procurador del Tesoro.

La medida no solo apunta a recortar gastos, sino también a dejar atrás prácticas internas que, según algunas voces oficiales, ya no estaban a la altura de las exigencias actuales. El decreto cierra con la promesa de avanzar en una nueva estructura organizativa para la Procuración, con el objetivo de que el organismo —dependiente del Ministerio de Justicia— funcione de manera más ágil y moderna.

Desde sectores cercanos al oficialismo aseguran que los cambios no tienen vuelta atrás y que no se trata de un ajuste “porque sí”, sino de una transformación de fondo para blindar al Estado frente a litigios millonarios como el de YPF. Mientras tanto, el recorte de personal y el cierre de áreas ya empieza a generar repercusiones en los pasillos del organismo, donde algunos advierten que el achique podría dejar flancos abiertos.