El Gobierno reestructura el Ministerio de Economía y avanza con disolución de organismos
A través del decreto 585/2025 se oficializaron cambios en la organización interna y la eliminación de entes estatales. Quedan exceptuados el INTI y Vialidad Nacional por medidas judiciales vigentes.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
El Gobierno formalizó hoy la reestructuración del Ministerio de Economía mediante el decreto 585/2025, publicado en el Boletín Oficial. La norma incluye disoluciones, fusiones y reasignaciones de funciones en distintos organismos, aunque con dos excepciones claves: el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que mantienen su esquema actual tras medidas cautelares dictadas por la Justicia.
Según explicaron en la cartera que conduce Luis Caputo, el objetivo es simplificar estructuras, actualizar nomencladores y reasignar cargos. De esta manera, varios entes de áreas como Transporte, Obras Públicas, Agricultura e Industria pierden su estatus descentralizado y pasan a depender directamente del Ministerio.
También se dispuso que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte se transformará en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. En paralelo, se redefinen las estructuras del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el INTA, el INPI y la Casa de Moneda, que dejan de ser descentralizados y pasan a ser organismos desconcentrados.
En contrapartida, se creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un nuevo ente pensado para canalizar iniciativas vinculadas a inversión extranjera y programas especiales de residencia.
La decisión oficial busca mostrar disciplina fiscal y control administrativo en un año donde el Gobierno necesita enviar señales de orden hacia el mercado y los organismos internacionales. No obstante, especialistas advierten que la reducción de entes y la absorción de funciones podrían derivar en superposición de tareas y mayores dificultades para la gestión cotidiana.
En este escenario, el foco estará puesto en cómo se aplican estos cambios en la práctica y en el grado de resistencia sindical y judicial que puedan enfrentar. El capítulo recién empieza y la puja por el rediseño del Estado promete seguir en la agenda política y económica de las próximas semanas
