El Gobierno busca frenar el fallo por YPF y niega pagar hasta que haya sentencia firme
Tras la orden judicial que lo obliga a entregar el 51 por ciento de las acciones de YPF, Argentina pidió anular el fallo en EEUU. Desde la Casa Rosada aseguran que no pagarán ni negociarán hasta que la causa llegue a una instancia superior.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
El Gobierno argentino decidió dar pelea en la Justicia estadounidense y este lunes presentó un pedido formal para que se anule el fallo que lo obliga a transferir el 51 por ciento de las acciones de YPF a fondos de inversión internacionales. La solicitud fue dirigida a la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, quien había ordenado la transferencia como parte de la compensación por la expropiación de la petrolera en 2012.
La administración de Javier Milei no solo busca dejar sin efecto la decisión judicial, sino que también confirmó que apelará la sentencia en los próximos días. En concreto, Argentina pidió que se suspenda la ejecución del fallo mientras se resuelve el recurso, y advirtió que, si no se acepta esa suspensión, llevará el caso a una instancia superior.
Uno de los puntos fuertes del planteo argentino es que cuenta con el apoyo del propio Gobierno de Estados Unidos, algo que desde la Casa Rosada consideran clave para reforzar su postura. Según expresaron oficialmente, frenar el fallo es “crucial” para encaminar una resolución definitiva del conflicto judicial que lleva años.
Desde el Gobierno remarcan que la sentencia actual, estimada en unos 16.000 millones de dólares, es de “cumplimiento imposible” en las condiciones económicas actuales. También aseguran que hay fundamentos legales para reducir significativamente ese monto en las próximas instancias judiciales.
En paralelo, la Procuración del Tesoro analiza presentar directamente su pedido de suspensión ante la corte de apelaciones, que está por encima del tribunal de Preska. La estrategia apunta a dilatar la aplicación del fallo y ganar tiempo en un escenario judicial adverso.
Por ahora, la línea oficial es clara: no habrá desembolsos ni acuerdos parciales con los fondos litigantes. En el Gobierno creen que una derrota en este caso tendría impacto político y económico directo, y por eso se mantendrán firmes hasta que el caso se resuelva en forma definitiva. La pelea por YPF todavía está lejos de terminar y promete seguir dando que hablar en los próximos meses.
