Renta inesperada: Impuesto esperable
Independientemente de si la medida puede llegar a incentivar o desalentar la inversión, la producción y la creación de empleo, lo que cabe analizar también es la pérdida de valor de nuestra riqueza colectiva.
Por Sebastián Mel
Asesor financiero en "Economía en Digerido"
En los últimos días el gobierno anunció una medida redistributiva para contribuir al pago de una nueva ayuda social para jubilados, monotributistas y empleados informales por $18.000. Como consecuencia del flamante acuerdo con el FMI, dicha ayuda no podrá financiarse vía emisión monetaria y, dado el dato de inflación de marzo de 6,7% tampoco podrá financiarse vía deuda indexada. Los instados a colaborar serán empresas que hayan percibido una “renta inesperada” como resultado del conflicto bélico en Europa (aumento de commodities, petróleo, gas y derivados) por montos superiores a $1.000.000.000. La proyección es que 3,2% del universo empresario se encuentra en esta situación. El impuesto podrá deducirse si se realizan inversiones productivas. Hasta acá todo bien.
Afilando el lápiz e hilando más fino, la noticia nos interpela a una cuenta veloz y a una conclusión interesante. Pagarán el impuesto aquellas empresas que como resultado de una ganancia inesperada, hayan ganado más de U$5.000.000 (tomando la cotización del dólar libre) o más de U$8.500.000 (tomando la cotización del dólar oficial). Este universo de ganadores descomunales es de 3,2%. Es decir que sólo el 3% del empresariado gana esos montos, pero no regularmente, sino como producto de un ciclo alcista nunca visto en los activos mencionados anteriormente.
Independientemente de si la medida puede llegar a incentivar o desalentar la inversión, la producción y la creación de empleo, lo que cabe analizar también es la pérdida de valor de nuestra riqueza colectiva. Veamos ejemplos concretos.
Tomando como punto de partida la historia reciente y no tanto, durante la década del ‘90 el impuesto a las ganancias para personas se aplicaba a quienes superaran una ganancia mensual de $10.000 (en aquel momento U$10.000, mientras una jubilación era U$150, un sueldo mínimo U$300 y un sueldo medio U$1.000). Por su parte, el impuesto a los bienes personales alcanzaba a quienes tuvieran bienes que superaran los U$100.000, y a partir de allí empezaban las escalas y alícuotas. Para contextualizar, por U$1 se podía comprar 1 litro de nafta, o una gaseosa en un kiosco, o un café en una estación de servicio o un paquete de cigarrillos, o una golosina con sorpresa. Algunos ejemplos sencillos.
Pero pasaron cosas en el 2001 y hacia adelante. Se entró en default (más de una vez), se salió de la convertibilidad, muchos conocieron la inflación por primera vez, se atrasó reiteradamente el valor del dólar oficial, entre muchas otras cosas. Pero el mercado tiene esa magia que a veces es tan difícil de entender que termina alineando valor con precio, como rezarían las premisas liberales de Adam Smith. Así nos encontramos con que hoy, tras más de 20 años de la salida de la convertibilidad, los precios se acomodaron. En algunos casos a valores de dólar oficial (al que acceden algunos importadores) y en otros a valores de dólar libre (al que accede la mayoría de los argentinos), pero aquel café continúa pagándose U$1, al igual que la golosina con sorpresa, el litro de nafta, la gaseosa en el kiosco y tanto otros productos que acompañaron los vaivenes de la economía doméstica.
Hoy, aquellas jubilaciones que hace 30 años eran de U$150 conservan su valor nominal. El sueldo mínimo de U$300, hoy es de U$200. El sueldo medio de U$1.000 es hoy inferior a U$500. Desde lo impositivo, un trabajador empieza a tributar ganancias a partir de sueldos de U$1.200 (ya no U$10.000). Por el lado de bienes personales, el nuevo mínimo no imponible es de U$30.000 (ya no U$100.000). Y sólo el 3,2% de las empresas del país gana más de U$5.000.000.
Este esbozo matemático impositivo nos deja una reflexión inevitable. Si los precios acompañan al dólar y el impuesto de mayor recaudación (IVA) se aplica a la mayoría de los bienes transados en la economía, el estado mantuvo durante los últimos 30 años un impuesto indexado en dólares del 21%. Por su parte, la situación de los jubilados es igual medida en dólares, pero por la baja en términos reales de la capacidad adquisitiva del salario, cada vez más gente se jubila con la mínima de U$150. Los trabajadores de sueldo mínimo y promedio perdieron 33% y 50% de capacidad de compra respectivamente.
Esto, sumado al reajuste a la baja de las valuaciones y mínimos no imponibles, deja bastante claro por qué los índices de pobreza empiezan a mostrar cada vez más pobres que no están desocupados. En este contexto, el nuevo impuesto a la renta inesperada es bastante esperable.