El Gobierno prorroga la intervención de la Casa de Moneda por 120 días
El proceso de reconformación y transferencia de áreas estratégicas de la Casa de Moneda no se completó, por lo que el Ejecutivo extendió la intervención y la gestión del interventor Pedro Daniel Cavagnaro.
A casi un año de iniciada la intervención en la Casa de Moneda, el Gobierno nacional anunció la prórroga de esta medida por un nuevo plazo de 120 días corridos. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 615/2025, publicado en el Boletín Oficial en la madrugada del 28 de agosto.
La extensión de la intervención y la designación del interventor respondieron a los retrasos registrados en la reconformación y transferencia de áreas estratégicas, fundamentales para el cierre ordenado de la entidad. Estas tareas aún no se han completado, según lo informado por el propio interventor en un informe fechado el 26 de agosto de 2025.
En ese documento, Pedro Daniel Cavagnaro detalló que la complejidad operativa y la naturaleza de las actividades pendientes hicieron insuficiente el plazo inicial de 120 días corridos previsto en el artículo 6 del Decreto 442/25, publicado el 1 de julio de 2025. Por ello, las autoridades nacionales consideraron necesario otorgar un nuevo período para concluir de forma ordenada el traspaso de las áreas operativas a los organismos receptores. La transformación de la antigua Sociedad del Estado Casa de Moneda en Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.) comenzó el 20 de diciembre de 2024, durante una asamblea general extraordinaria donde se aprobó un nuevo estatuto social “ad referendum” del Poder Ejecutivo nacional.
Según el interventor, existía una “estructura sobredimensionada en diversas áreas”, junto a elevados costos operativos en dos establecimientos industriales y una inversión inconclusa que generó un endeudamiento. Además, se detectaron equipos importados sin instalar y una organización interna con solapamientos y confusión en las funciones de cada sector.
La situación financiera se profundizó tras la rescisión de contratos clave, como el de producción de dinero circulante formalizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en octubre de 2024. Este hecho redujo drásticamente el flujo de ingresos, impidiendo cubrir los costos operativos y el mantenimiento de áreas esenciales, lo que obligó a recurrir a aportes directos del Tesoro Nacional para evitar la interrupción de servicios.
Un segundo diagnóstico posterior a la rescisión de contratos relacionados con la provisión de chapas patente advirtió la necesidad de ajustar aún más la dotación de personal y los costos de los sectores productivos. Esta evaluación consideró el impacto de la decisión de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios sobre el negocio de las patentes vehiculares.
Como resultado de esta situación, el Decreto 442/25 dispuso una reconformación estructural y operativa bajo los términos de la Ley 27.742 de Bases. Así, se transfirieron las áreas de “Instrumentos Fiscales de Control y servicio de trazabilidad” a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), “Pasaportes” al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y “Billetera Virtual” a la empresa estatal ARSAT S.A.
El nuevo estatuto social de Casa de Moneda S.A.U. define como funciones actuales la producción de dinero circulante y especies valoradas requeridas por el Estado; la asistencia en el proceso de atesoramiento, destrucción y disposición final de billetes fuera de circulación; y la elaboración de toda clase de impresos para organismos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros.
