La UIF modificó las normas para reforzar el control sobre las Personas Expuestas Políticamente

La Unidad de Información Financiera (UIF) toma una nueva iniciativa en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo con la emisión de la Resolución 192/2024. Esta normativa tiene como propósito fortalecer los controles y la prevención, centrándose especialmente en las Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Entre las principales actualizaciones, la resolución establece dos categorías de PEP: las Personas Expuestas Políticamente Extranjeras y las Nacionales, Provinciales y Municipales. Estos ajustes están diseñados para incorporar cargos específicos dentro del Gobierno, el ámbito judicial y otras entidades del Estado, los cuales están bajo una vigilancia más minuciosa, según lo indicado por los Sujetos Obligados a informar a la UIF.

Desde 2000, Argentina forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, en consecuencia, se encuentra comprometida a cumplir con determinadas recomendaciones que buscan prevenir el abuso del sistema financiero. Este nuevo enfoque de identificación y monitoreo de las PEP se diseñó para evitar que estas personas usen sus posiciones para involucrarse en actividades ilegales. Además, la normativa se adecúa a las prácticas internacionales disponibles en la Guía de Personas Expuestas Políticamente del GAFI de 2013, que describe a las PEP como personajes en roles públicos destacados junto a sus familiares y personas cercanas.

Con la introducción de la Resolución 192/2024, la UIF busca promover la transparencia y la solidez del sistema financiero en Argentina. Estas medidas están diseñadas para asegurar que el país cumpla con las exigencias internacionales, disminuyendo de esta manera los riesgos y vulnerabilidades relacionadas con el lavado de activos y la financiación ilícita. La UIF también ha señalado que se llevarán a cabo capacitaciones para los Sujetos Obligados, con el fin de garantizar una correcta implementación de la resolución.

La UIF enfatiza que la colaboración entre entidades gubernamentales y el sector privado será clave para el éxito de estas medidas. Se espera que la implementación de la Resolución 192/2024 impulse una cultura de cumplimiento que disuada prácticas corruptas en todos los niveles.