Inocencia Fiscal: qué cambia en la relación con el fisco y por qué el Gobierno apuesta a destrabar ahorros informales

El proyecto de ley de Inocencia Fiscal, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada, es una de las piezas centrales del paquete de reformas tributarias que impulsa el Gobierno. La propuesta apunta a modificar de manera profunda el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, con cambios que impactan en Ganancias, multas, deudas impositivas y, de forma indirecta, en los famosos “dólares del colchón”.

Desde el oficialismo lo presentan como un giro de enfoque: menos persecución automática y más previsibilidad. Aunque en la discusión pública suele asociarse con un blanqueo, el texto no crea un régimen formal para declarar capitales no registrados. En cambio, ajusta normas tributarias y penales para que la evasión de montos menores deje de estar bajo la lupa penal y pase a resolverse por la vía administrativa.

Uno de los ejes del proyecto es la actualización de los montos que determinan cuándo una infracción impositiva se convierte en delito. Esos valores estaban congelados desde 2017 y habían quedado desfasados por la inflación. Con la nueva ley, el piso para considerar evasión simple subiría a $100 millones y el de evasión agravada a $1.000 millones, lo que reduce de manera significativa el universo de casos con riesgo penal.

También hay cambios en multas y prescripciones. Para los contribuyentes cumplidores, los plazos se acortan, mientras que en otros casos se ajustan para dar mayor claridad sobre hasta cuándo puede reclamar el fisco. La idea, según explican en Economía, es bajar la litigiosidad y terminar con situaciones que se estiran durante años sin resolución.

¿Y qué pasa con los dólares guardados fuera del sistema? Los especialistas coinciden en que el efecto sería indirecto. Al limitar el uso automático de incrementos patrimoniales como disparador de inspecciones y subir los umbrales penales, el proyecto busca reducir el miedo a usar esos ahorros en operaciones formales, sin prometer condonaciones ni perdones explícitos.

Tras el aval de Diputados, la iniciativa quedó en manos del Senado, donde el oficialismo quiere tratarla junto con el Presupuesto 2026 antes de fin de año. En el Congreso admiten que el camino no será rápido y que hará falta negociar cambios en comisión para lograr los votos necesarios.

Mientras tanto, el debate sigue abierto. Algunos economistas y tributaristas valoran que se modernicen criterios que habían quedado obsoletos y que se apunte a una relación menos conflictiva con el fisco. Otros advierten que, sin reformas más profundas en la administración tributaria, el impacto real sobre la formalización de ahorros y la confianza de los contribuyentes podría ser más limitado de lo que promete el Gobierno.