Luego de idas y vueltas el Gobierno reglamentó la ley de emergencia en discapacidad

Después de una larga pulseada política y judicial, el Gobierno nacional reglamentó este miércoles la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Lo hizo a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, que crea un nuevo esquema de pensiones no contributivas por discapacidad y ordena cómo se accede, cómo se mantiene el beneficio y bajo qué controles se revisa.

La decisión, firmada por el presidente Javier Milei, no fue del todo voluntaria. Llega luego de que la Justicia declarara inválido el intento oficial de frenar la aplicación de la ley y le marcara al Ejecutivo que debía ponerla en marcha de manera inmediata. Ese fallo destrabó una reglamentación que venía demorada desde hacía meses, en medio de discusiones internas y críticas de organizaciones del sector.

Otro aspecto clave es la conversión automática de las pensiones otorgadas antes del nuevo régimen. Eso implica un relevamiento general de las prestaciones vigentes y la verificación de que cumplan con los nuevos requisitos. Además, la reglamentación formaliza el pase de la Secretaría Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud y le ordena convocar al Consejo Federal del área en un plazo de 30 días para acordar criterios operativos y de control con las provincias.

La historia de esta ley estuvo atravesada por choques entre el Gobierno y el Congreso. En agosto de 2025, el Ejecutivo la había vetado junto con otras normas sociales, argumentando falta de recursos y riesgos para las cuentas públicas. Sin embargo, el Parlamento insistió con una mayoría especial y logró convertirla en ley, aunque su aplicación quedó trabada hasta la intervención judicial.

A pesar de la reglamentación, el debate está lejos de cerrarse. Distintos analistas y organizaciones advierten que el financiamiento sigue siendo una incógnita. Señalan que la referencia a los “recursos disponibles” y a acuerdos con las provincias podría no alcanzar para cubrir la demanda, en un sistema que ya arrastra atrasos, reclamos por actualizaciones y deudas acumuladas.

Desde el colectivo de personas con discapacidad valoran que, finalmente, la ley empiece a caminar, pero mantienen la cautela. Celebran el reconocimiento de derechos básicos, aunque remarcan que el verdadero desafío será que la norma se cumpla en los hechos y no quede atrapada entre ajustes fiscales y burocracia estatal.