Ley 125: ¿Argentina puede volver al caos?

A partir de la decisión tomada por Alberto Fernández de cerrar la exportación de carne durante 30 días con el objetivo de bajar la inflación, los sectores económicos y sociales comenzaron a tambalearse por temor a volver a un viejo contexto de la 125.

Para quienes son ajenos a este recuerdo, el proyecto de ley 125 podría resumirse cómo un intento gubernamental de imponer un nuevo tipo de retenciones móviles a las exportaciones agrícolas, aprovechando el precio récord de la soja en los mercados internacionales. Esto es lo que hoy conocemos cómo Proyecto de Ley 125, el cual, desde sus inicios era claramente un proyecto de ley recaudatorio y confiscatorio.

En simples palabras, el proyecto proponía ratificar el sistema de retenciones a la exportación establecido por Resolución 125/08, que dispuso su movilidad siguiendo las fluctuaciones del mercado internacional con foco en la soja. En este cultivo, se subía la alícuota del 35% a casi un 44,1%, alcanzando luego un tope de 48,7%. Además, con precios de exportación superiores a US$600 la tonelada, la alícuota marginal era del 95%. Es decir, el Estado pasaba a quedarse prácticamente con toda la mejora por encima de ese valor. Para el campo, representaba una medida confiscatoria.

¿Cuál era el objetivo de la ley 125? Básicamente, estar preparados para cualquier tipo de crisis internacional (que ya se veía venir). Cabe ser justos y aclarar que el proyecto presentado en el congreso era mejor que la locura propuesta por Guillermo Moreno (secretario de Comercio), quien proponía casi un 64% de retenciones a la soja.

Esto ocasionó claramente un malestar en el campo, que para no caer en idas y vueltas lo voy a resumir en un simple concepto: Gracias a la no aprobación del proyecto de ley 125, se evitó un potencial golpe social contra el gobierno. El campo estaba decidido a presentar pelea porque esta ley no sea aprobada y lo podemos constatar en los 120 días de marchas y freno total que impuso en el país. Obviamente, el malestar no era solo entre el campo y el gobierno, sino dentro de las propias facciones del oficialismo quienes tenían diferentes posturas al respecto. Un claro ejemplo, son estas fotos que reflejan la discrepancia entre Martín Lousteau y Guillermo Moreno.

Con el apoyo de la mayoría de población de las regiones agropecuarias del país, el bloque rural constituyó la Mesa de Enlace Agropecuaria con las cuatro organizaciones más grandes del sector bajo la dirección de hecho de la Sociedad Rural Argentina. La movilización agropecuaria dividió las fuerzas del gobierno e impuso el rechazo parlamentario del proyecto oficial, provocando la primera gran derrota política del kirchnerismo, que sería seguida no mucho después por una segunda: el revés en las elecciones parlamentarias de 2009, que dejaría al gobierno en minoría en ambas cámaras del congreso nacional.

Luego de la dura derrota en el congreso, al kirchnerismo le tocaría afrontar otro gran problema, la crisis mundial de 2008-2009, la cual comenzó impactar a Argentina en un muy mal momento político y económico, impulsado principalmente por la severa sequía que afectaba al país con pérdidas de producción en sectores claves de exportación del orden de 30-35%.

Entonces, tenemos dos frentes que afrontaba el kirchnerismo: La crisis internacional del subrprime y la sequía del campo que afecta al 35% del capital de exportación. Para poner las cosas peor aún, a ello se le sumaría la exclusión del país del plan anticrisis del FMI para los países en desarrollo, por los “antecedentes negativos” de Argentina. Para ver más, ingrese acá.

Ante la necesidad de encarar la crisis en tales condiciones, Argentina elaboró un Plan Anticrisis en noviembre de 2008, que incluyó medidas como la creación del Ministerio de Producción; políticas fiscales cómo moratoria impositiva, reducción de la retenciones al agro, blanqueo y repatriación de capitales; créditos públicos al consumo y la producción a bajas tasas de interés y un Plan de Obras Públicas de 21 000 millones de dólares con creación de 360 000 empleos. Como resultado de ello, el gasto público se dispararía del 18,6% del PIB en 2008 al 22% en 2009, a pesar de la gran caída del ingreso público generado por la crisis.

Claramente, y habiendo leído el diario del lunes, el contexto de crisis actual puede dar paso al gobierno de avanzar nuevamente contra el campo, a quienes les adjunta el poder de manipulación de precios internos. Ahora solo queda ver sí Argentina vuelve a repetir sus mismos errores o evitamos caer nuevamente en un conflicto social.