La tremenda deuda que debe encarar el Estado

El 2020 dejará una deuda de 300 mil millones de pesos que el Estado le debe pagar a los proveedores, gobiernos municipales, fondos fiduciarios, entre otros.

Lunes 28 de diciembre del 2020 a las 12:55 pm

El 2020 dejará una deuda de 300 mil millones de pesos que el Estado le debe pagar a los proveedores, gobiernos municipales, fondos fiduciarios, etc. Recordemos que este año el gasto público se incrementó exponencialmente debido a las medidas que el Gobierno tuvo que tomar en el contexto de la pandemia.

 

Esta deuda no se toma en cuenta a la hora de sacar las estadísticas de deuda pública del Tesoro, pero existe, y los analistas suelen llamarla “flotante”. Son cuentas devengadas cuyo giro de fondos no concretado.

 

En Noviembre el Estado nacional contaba con una deuda flotante de casi 270 mil millones de pesos. Como en todos los meses de diciembre se acelera el gasto público, esos pasivos podrían llegar a superar los 300 mil millones de pesos a fines de 2020.

 

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la presencia de restricciones fiscales y dificultades de acceso al crédito generan incentivos para recurrir a la deuda flotante como fuente alternativa de financiamiento, demorando intencionalmente los pagos de bienes y servicios adquiridos por el gobierno para su funcionamiento.

 

A su vez, la mayor parte de la deuda flotante que acumula este año el Estado corresponde a erogaciones en concepto de transferencias, que incluyen transferencias a gobiernos provinciales y municipales, empresas privadas, universidades nacionales, empresas públicas no financieras, fondos fiduciarios, y jubilaciones y pensiones.

Según la OPC, la generación de deuda exigible puede derivar en problemas para la normalidad de los procesos de contrataciones y de compras públicas. Incluso es un problema que suele tomar en cuenta el Fondo Monetario Internacional a la hora de establecer programas de financiamiento.

 

“La acumulación excesiva de pagos atrasados genera consecuencias negativas para las operaciones del gobierno y para el funcionamiento de la economía. En primer lugar, aumenta los costos de provisión del gobierno, en la medida en que los proveedores y contratistas incrementan los precios de referencia que ofrecen al sector público con el fin de mitigar los riesgos y el costo de oportunidad de una eventual demora excesiva en el cobro”, explicó el organismo.

 

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