La Cámara de Apelaciones en Nueva York decidirá hoy sobre la suspensión de la entrega de acciones de YPF

Este martes, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York debe emitir un fallo determinante en el juicio que enfrenta a Argentina por la entrega del 51% de las acciones de YPF. La decisión podría mantener la suspensión actual, levantarla o imponer una garantía económica alternativa.

La controversia se originó tras un fallo de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que ordenó a Argentina transferir esas acciones como compensación por una indemnización de US$16.100 millones, en favor de los fondos demandantes Burford Capital y Eton Park.

A diferencia de lo que ocurre en los tribunales argentinos, la apelación en Estados Unidos no suspende automáticamente la ejecución de la sentencia. Sin embargo, la defensa argentina consiguió una suspensión administrativa temporal que frena momentáneamente la entrega de las acciones, y es precisamente esta medida la que está en juego en la resolución que se espera para hoy, aunque se conocerá oficialmente mañana miércoles 13 de agosto.

El analista Sebastián Maril, experto en el tema, explicó las posibles alternativas que la Cámara podría adoptar respecto al pedido administrativo presentado por Argentina para suspender la entrega:

Opciones de la Cámara de Apelaciones:

Aceptar la suspensión, deteniendo la transferencia de acciones.
Rechazar la suspensión, manteniendo la orden de entrega.
Aceptar la suspensión condicionada a que Argentina deposite un activo alternativo como garantía.

En caso de que prevalezcan la segunda o tercera opción, el gobierno de Javier Milei deberá recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir la medida.

Actualmente, el Estado argentino mantiene dos apelaciones paralelas: una contra la indemnización de US$16.100 millones, cuya audiencia está prevista para la semana del 27 de octubre, y otra relacionada con la entrega de las acciones, con fecha límite para presentar argumentos el 25 de septiembre.

Maril calificó esta decisión como “administrativa y extremadamente importante para todos los argentinos” y advirtió que si no es favorable, “solo quedaría la Corte Suprema para revisarla”. Además, no descartó la posibilidad de que se acepte entregar un activo alternativo en lugar de las acciones de YPF.

El especialista añadió que “incumplir esa orden tendría un impacto reputacional, sobre todo ahora que el gobierno de Javier Milei busca volver a los mercados internacionales de deuda, aunque no tendría consecuencias prácticas inmediatas”.

Desde el punto de vista legal interno, la Ley 26.741 que autorizó la expropiación de YPF establece en su artículo 10 que el Estado no puede transferir sus acciones sin autorización previa del Congreso.

La demanda de los fondos se fundamenta en la falta de una oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones tras la nacionalización de YPF en 2012, incumpliendo los estatutos de la empresa. Esta postura se apoyó en una polémica declaración del entonces viceministro Axel Kicillof, quien calificó de “estúpido” respetar esos estatutos, frase citada por la jueza como evidencia.

Burford Capital, que adquirió el 70% del reclamo judicial por el 25% que la familia Eskenazi poseía en YPF antes de la nacionalización, intensificó la presión contra Argentina. El fondo busca demostrar que el Estado y YPF actúan como un “alter ego”, lo que permitiría avanzar sobre otros activos estatales.

Para ello, Burford solicitó acceso a correos electrónicos, chats y documentos de exministros de Economía como Luis Caputo y Sergio Massa, además de exigir la transferencia directa del 51% de las acciones estatales en YPF.

La jueza Preska ya había ordenado la entrega de las acciones, pero la apelación argentina consiguió un “stay” que suspendió esa medida hasta la resolución en septiembre, momento en que se definirá el futuro inmediato del litigio.