Offshore: Qué es y por qué deberías tener una

En el último tiempo, un concepto que ha tomado protagonismo en el terreno de la administración patrimonial es el de las estructuras offshore, aunque lamentablemente utilizado con una connotación negativa que habla más del prejuicio y desconocimiento de quién así lo utiliza, que del hecho mismo. Probablemente sea porque es un término asociado a las campañas políticas, que tomó especial resonancia en la administración anterior, dónde gran parte de los funcionarios poseían una porción significativa de su patrimonio en el exterior.

Entre los tantos mitos que rodean a la offshore el principal es sin dudas el de la evasión tributaria. En la Argentina del negreo, los testaferros y los dólares abajo del colchón, se acusa a personas que tienen una entidad extraterritorial en su DDJJ de defraudar al fisco. Nada más lejos de esto, si la cuenta o sociedad están declaradas, no hay delito ni contravención. Por supuesto que, si quien tuviera una entidad en el exterior, aprovechase la “lejanía” para evitar incluirla en su patrimonio, habría una infracción que debe ser penada, pero no es ese el caso de la mayoría de quienes deciden constituir vehículos de inversión fronteras afuera.

De hecho, esa supuesta “lejanía” cada vez es menor, en tanto existen y progresan convenios de intercambio de información entre los diferentes países del mundo y el acceso a bases de datos, así como la bancarización casi excluyente de prácticamente todas las transacciones financieras, hace que tener activos no declarados sea un pésimo negocio, y de patas muy cortas.

Son pocos los países como Argentina, dónde el efectivo tiene la misma o mayor valoración y aceptación que los medios electrónicos, incluso a pesar de que cada vez sea más engorroso realizar una transacción debido a la constante desvalorización de la moneda. En un mundo que se está moviendo hacia una economía cashless con pagos digitales, el fajo de billetes es sinónimo de ilegalidad y marginalidad. Y es en ese mismo mundo plenamente interconectado, repleto de información y facilidades, dónde cada vez más ciudadanos de bien deciden radicar parte de su patrimonio en el exterior, como resultado de una estrategia global. Es justamente el cash, y no las offshore, lo que Argentina debe desincentivar.

Esto por supuesto requerirá de un amplio cambio cultural. Basta con ver la DDJJ de varios de los que hoy están lanzados a una candidatura, los montos exhibidos son irrisorios. Por no ir más lejos, el propio presidente Fernández declaró antes de asumir en 2019 un patrimonio cercano a los US$60,000. Pese a la benevolencia de las valuaciones fiscales y demás artilugios contables, una persona con no menos de 35 años en la función pública y llegada a empresas de primera línea en su actividad privada, que declara tan escueto patrimonio debiera ser un escándalo. O es un mentiroso, o es un pésimo administrador.

De hecho, según una investigación de Perfil, en 2019 Mauricio Macri declaró más bienes que el Presidente, la Vicepresidente y todos los funcionarios de su gabinete en conjunto. ¿No sería mejor si todos esos funcionarios tuvieran sus sociedades en el país, o en el exterior, pero declaradas? Como mencionábamos antes, es posible que muchos poseedores de offshore, mal asesorados, vean en estos vehículos un incentivo a la evasión, pero es claramente una estrategia errada, y por tanto, en vías de extinción. Los fiscos saben hoy más que nunca acerca de sus propios contribuyentes.

¿Entonces, cuáles son los motivos reales para tener una offshore? En primer lugar, por una cuestión de diversificación. Una persona que nació y se crio en un país determinado, muy probablemente tenga gran parte (sino la totalidad) de su patrimonio y de sus ingresos en dicho país, estando así atado a los vaivenes de la economía doméstica, por lo que una estructura offshore podría aportarle el manejo de flujos y activos no vinculados al territorio de residencia.

Esta necesidad se torna más evidente aún cuanto más fluctuante sea el país de origen y menor la diversidad de fuentes de ingreso del constituyente, convirtiéndose en un instrumento ideal, no solo para los ricos como suele imaginarse, sino también para gran parte de la clase media latinoamericana en general, y Argentina en particular. Esto por cuanto la democratización y acceso a la información mencionados antes han permitido, además de transparentar las transacciones, bajar sensiblemente el costo de la planificación financiera internacional, no siendo necesarios grandes montos para empezar. Una cuenta offshore puede abrirse por montos tan pequeños como US$10.000 y una sociedad armarse por un patrimonio que no precisa ser mayor a los US$100.000.

En segundo lugar, surge una cuestión de seguridad jurídica. Lamentablemente, en un contexto de reglas permanentemente cambiantes, la administración patrimonial se torna difícil y azarosa, lo cual en el largo plazo lleva necesariamente a cometer errores evitables y a tener una calidad de gestión de activos y pasivos más bien pobre. Sumado a la Argentina, que hoy se ha convertido en una verdadera trampa para el inversor, recientemente Perú ha dado un giro radical a la izquierda, con Castillo liderando el movimiento, a pesar de que el país haya sido uno de los que mejor desempeño económico tuvo en la región en las últimas décadas.

Algo similar ha pasado con otros dos modelos relativamente exitosos, pero que por razones ideológicas o de falta de contenido, no han logrado traducir la prosperidad económica en encanto del votante. Son los casos de Chile y Colombia, dónde la izquierda ha logrado condicionar al gobierno y anteponer su agenda con un apoyo más o manos claro de la ciudadanía. Brasil, el gigante de la región, tampoco está exento de peligro, y si bien hoy existe todavía un clima proclive a los negocios, el fantasma de Lula continúa asomando en el horizonte, con los interrogantes que ello plantea. Y ni hablar de Venezuela, la cual no solo sigue con su dictadura en pie, sino que además ha renovado apoyos en la región, bajo el pretexto de la no injerencia y la paz ficticia. Si en algún momento el latinoamericano dudó de la utilidad de las offshore, los movimientos políticos se encargaron de recordarle que es una idea que nunca pasa de moda.

Por último, pero no por eso menos importante, ahora sí aparecen los beneficios fiscales. Si un patrimonio se estructura adecuadamente, se puede reducir la carga de ciertos impuestos buscando ventajas fiscales en cada jurisdicción, aunque nunca se podrán eliminar completamente las obligaciones tributarias. Cabe destacar que estas ventajas fiscales están en consonancia con la legislación del país de origen y del destino, por lo que no implican de ninguna manera saltarse la ley. De hecho, una offshore declarada siempre paga impuestos, lo que la hace mucho más beneficiosa para el país de origen que la simple sub-declaración y fuga a la caja de seguridad que hoy existe en Argentina. Al fin y al cabo quién logra proteger su patrimonio en el exterior paga impuestos por ello y contribuye así con el fisco doméstico.

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