El Gobierno disuelve la ANDIS y la integra a Salud: prometen más control y ningún recorte

El Gobierno anunció que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de funcionar como organismo descentralizado y será absorbida por el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones. En la práctica, la agencia se transforma en una secretaría, con una estructura más chica y bajo control directo de la cartera sanitaria.

El nuevo secretario de Discapacidad será Alejandro Vilches, quien hasta ahora se desempeñaba como interventor del organismo. El encargado de explicar la medida fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Allí fue categórico: “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”.

Adorni remarcó que la decisión no implica una baja de pensiones ni un recorte de prestaciones, un punto sensible que el Gobierno buscó aclarar desde el primer momento. “Repito para que no haya confusiones: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, subrayó.

Según explicó el funcionario, la ANDIS había sido creada en 2017 como un organismo descentralizado para coordinar políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, con el paso del tiempo —y gracias a la autonomía administrativa— terminó acumulando, según sus palabras, “capas de burocracia, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

Con el pase de la política de discapacidad al Ministerio de Salud, el Gobierno promete más controles y menos discrecionalidad. “Habrá trazabilidad de los expedientes, auditorías permanentes y criterios sanitarios claros en cada decisión”, sostuvo Adorni. Además, anunció la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica.

Desde el entorno del ministro Lugones insisten en que el objetivo es ordenar el sistema, mejorar el uso de los recursos públicos y fortalecer la atención a las personas con discapacidad y sus familias. “No hay una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones”, repiten puertas adentro.

La decisión, en realidad, venía madurándose desde hace meses. La ANDIS había sido creada durante el gobierno de Mauricio Macri, mediante el Decreto 698/2017, como un organismo descentralizado, una figura muy común dentro de la administración pública nacional. Pero las denuncias y los audios que salieron a la luz aceleraron los tiempos.

A partir de esas revelaciones, el Gobierno impulsó una auditoría interna que arrojó datos alarmantes. Los primeros resultados detectaron que 178 mil personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) figuran como activas pese a estar fallecidas. El cruce de datos se realizó con el RENAPER, dependiente del Ministerio del Interior.

Tras ese hallazgo, Vilches inició un proceso de revisión y autorizó la baja de los certificados observados. Además, el Ejecutivo analiza avanzar con acciones judiciales tanto contra quienes cobraban beneficios de manera irregular como contra los prestadores involucrados. “Es, lisa y llanamente, una estafa al Estado”, admiten desde el Gobierno.

En el corto plazo, el desafío será doble: ordenar un sistema golpeado por años de desmanejos y, al mismo tiempo, transmitir tranquilidad a miles de familias que dependen de estas prestaciones. El Ejecutivo asegura que la transformación apunta a eso, pero sabe que el impacto político y social de la medida seguirá bajo la lupa.