Ley de Glaciares: el debate pasa a Diputados y se enciende la discusión minera

El Senado de la Nación aprobó y le dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares, una norma central para la protección ambiental en zonas cordilleranas. Con este paso, el proyecto avanzó una etapa, pero todavía no es ley: ahora deberá ser debatido y votado por la Cámara de Diputados.

La iniciativa introduce cambios de peso sobre la legislación vigente desde 2010, que prohíbe actividades extractivas como la minería y la explotación hidrocarburífera tanto en glaciares como en amplias áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Justamente ahí está el corazón del conflicto.

El proyecto aprobado en el Senado plantea una redefinición del alcance de las zonas protegidas. Ya no todo el ambiente periglaciar quedaría automáticamente bajo resguardo, sino solo aquellos sectores que demuestren cumplir una función hídrica concreta. En paralelo, se les da más margen a las provincias para decidir qué territorios proteger y cuáles habilitar para actividades productivas.

En la práctica, esto podría destrabar proyectos mineros hoy frenados por restricciones ambientales. Gobernadores y sectores productivos sostienen que la ley actual ahuyenta inversiones millonarias y posterga desarrollos capaces de generar empleo, exportaciones y dólares.

El debate impacta de lleno en las provincias cordilleranas con minería activa o en carpeta. San Juan, con fuerte tradición minera en oro y cobre; Catamarca, clave en cobre y litio; Jujuy, epicentro del litio; Mendoza, históricamente más restrictiva; Santa Cruz y La Rioja concentran buena parte de los intereses en juego. Todas tienen zonas periglaciares en la cordillera de los Andes hoy alcanzadas por la protección.

Detrás de la discusión ambiental aparece una cuestión estratégica: la demanda global de minerales críticos. El litio es clave para baterías y almacenamiento energético, mientras que el cobre es esencial para redes eléctricas, energías renovables y electromovilidad. El sector estima que solo los grandes proyectos cupríferos podrían atraer inversiones cercanas a los 20.000 millones de dólares.

Por eso, desde el Gobierno y las provincias mineras ven la reforma como una condición necesaria para darle previsibilidad jurídica al sector y captar capitales internacionales.

El argumento ambiental

Del otro lado, organizaciones ambientalistas y parte de la comunidad científica advierten que los glaciares y su entorno funcionan como reguladores naturales del agua, especialmente en regiones áridas. Señalan que el ambiente periglaciar —suelos congelados, vegas y zonas de alta montaña— también almacena y libera agua de manera gradual, y que su degradación puede afectar el abastecimiento futuro para ciudades, agricultura y producción regional.

Según esta mirada, limitar la protección solo a ciertas áreas podría dejar sectores clave sin resguardo y aumentar riesgos de contaminación, con daños que tardan décadas o siglos en revertirse.

Ahora el proyecto entra en la cancha de Diputados, donde se abren tres caminos posibles: aprobación sin cambios, lo que convertiría la reforma en ley; modificaciones, que obligarían a un nuevo debate en el Senado; o rechazo, que dejaría vigente la norma actual.

Más allá del trámite legislativo, la discusión expone un dilema de fondo de la Argentina actual: cómo combinar la explotación de recursos estratégicos para crecer y generar dólares con la preservación ambiental y la seguridad hídrica a largo plazo. La votación en Diputados no solo definirá una ley, sino también el rumbo del modelo de desarrollo que el país elija para los próximos años.