Refuerzo de hasta $85.000 en la Ayuda Escolar Anual para marzo de 2026: quiénes lo recibirán
Mediante el Decreto 115/2026, se asegura un monto mínimo por hijo para beneficiar a familias con alumnos en edad escolar, garantizando el poder adquisitivo frente a la inflación y costos del inicio del ciclo lectivo.
El Poder Ejecutivo anunció un refuerzo extraordinario para la Ayuda Escolar Anual que se pagará en marzo de 2026, con el objetivo de garantizar un piso mínimo de $85.000 por hijo para los beneficiarios del programa. Esta medida fue oficializada a través del Decreto 115/2026 y busca acompañar a las familias argentinas ante los costos que implica el comienzo del ciclo lectivo.
El refuerzo consiste en un pago único adicional que complementa la asignación habitual, otorgando la diferencia necesaria para alcanzar los $85.000 por cada hijo. Aquellos beneficiarios que ya perciban un monto igual o superior a esta cifra no accederán al pago extra. De esta manera, se pretende mantener el poder adquisitivo de la prestación establecida en 2025, frente a la variación de precios y el contexto social.
Este beneficio está dirigido a estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y polimodal en todo el país. Pueden anotarse niños y adolescentes de entre 4 y 17 años cumplidos que asistan regularmente a escuelas públicas o privadas reconocidas oficialmente. La condición de alumno regular es requisito indispensable para acceder al beneficio.
En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad para recibir la ayuda, siempre que se acredite la escolaridad en instituciones habilitadas. Esto permite incluir a jóvenes y adultos con discapacidad que participen en programas educativos diferenciales.
La Ayuda Escolar Anual, regulada por la Ley N° 24.714, abarca a trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, beneficiarios de regímenes previsionales, personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, titulares del Seguro de Desempleo, del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas por invalidez, la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Así como a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.
El acceso al beneficio está condicionado por los ingresos familiares. Para febrero de 2026, el tope máximo para el grupo familiar se fijó en $5.292.758, y el tope individual en $2.646.379. Quienes superen cualquiera de estos límites quedan excluidos de la asignación. No obstante, para hijos con discapacidad no existen límites de ingresos, asegurando una cobertura universal siempre que se acredite la escolaridad.
El pago del refuerzo se realizará automáticamente y por única vez en marzo de 2026, coincidiendo con el desembolso habitual de la Ayuda Escolar Anual. Solo recibirán esta suma adicional quienes, tras el cálculo regular, perciban un monto inferior a $85.000. En caso contrario, no se efectuará ningún pago extra.
La implementación y regulación de esta medida estará a cargo del Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Seguridad Social, junto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Por su parte, la Jefatura de Gabinete de Ministros realizará los ajustes presupuestarios necesarios para garantizar la disponibilidad de fondos.
Esta prestación está destinada a cubrir gastos relacionados con el inicio del ciclo escolar, como materiales, uniformes y otros insumos esenciales para la asistencia a clases. El Estado reconoce el impacto económico que supone esta etapa y busca sostener la capacidad de respuesta ante el aumento de los costos para las familias.
El refuerzo apunta a consolidar un ingreso mínimo para los hogares con menores en edad escolar, ajustado anualmente para mantener su valor real frente a la inflación. Gracias al mecanismo automático, las familias no deberán realizar trámites adicionales para percibir el beneficio, siempre que cumplan con los requisitos de escolaridad y estén correctamente registradas en la ANSES.
Esta medida tiene alcance nacional, aplicándose en todas las jurisdicciones y abarcando tanto la educación pública como la privada. Además, incluye a alumnos de educación diferencial sin restricciones de edad ni topes de ingresos en casos de discapacidad.
