Zelle en la mira: la acusan de permitir estafas por más de USD 1.000 millones
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra la plataforma de pagos por supuestamente ignorar vulnerabilidades y no aplicar medidas de seguridad básicas.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, salió con los tapones de punta contra Zelle. Este miércoles presentó una demanda en un tribunal de Manhattan acusando a la popular plataforma de pagos electrónicos de mirar para otro lado mientras estafadores se llevaban más de 1.000 millones de dólares de consumidores en todo el país. Según James, la negativa de la empresa a implementar protecciones elementales contra el fraude dejó la puerta abierta para que los delincuentes hicieran su agosto.
Zelle, que arrancó en 2017 y compite con Venmo y Cash App, pertenece a Early Warning Services, una firma controlada por siete gigantes bancarios de EE.UU., entre ellos Bank of America, JPMorgan Chase y Wells Fargo. Zelle funciona como un servicio de transferencia de dinero digital que permite a los usuarios enviar y recibir dinero rápidamente entre cuentas bancarias en los Estados Unidos. Es popular también en Latinoamérica al permitir enviar dinero a EE:UU.
La fiscal asegura que tanto la matriz como los bancos sabían desde hace años que la plataforma era vulnerable, pero se resistieron a aplicar salvaguardas mínimas y, en muchos casos, ignoraron los reclamos de clientes.
El resultado, dice la demanda, fue un fraude “desenfrenado” que Zelle no siempre quiso resolver ni siquiera después de consumado, a pesar de publicitarse como una alternativa segura al efectivo y los cheques. Entre los casos mencionados hay historias insólitas: desde un usuario que pagó USD 1.477 a una cuenta trucha llamada “Coned Billing” para evitar un corte de luz inexistente, hasta otro que transfirió USD 2.600 para comprar un cachorro que nunca apareció.
Según James, recién en 2023 —y bajo presión de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y el Congreso— Zelle adoptó medidas de seguridad que ella había propuesto en 2019. Si bien esas acciones bajaron el número de fraudes reportados, para la fiscal llegaron “demasiado tarde” para quienes ya habían perdido sus ahorros. Por eso, la demanda busca que Zelle refuerce sus controles y devuelva la plata a los neoyorquinos perjudicados.
El caso se da en un momento en que la fiscal de Nueva York viene apretando fuerte a las financieras: en mayo le apuntó a Capital One por supuestamente estafar a ahorristas con intereses, y en junio cerró un acuerdo con MoneyGram por fallas en transferencias. Zelle, por ahora, tiene el desafío de defender su reputación y convencer a la justicia de que no es tan insegura como dice la denuncia.
De fondo, el caso abre un debate más amplio sobre la responsabilidad de las plataformas de pago en la prevención del fraude. Mientras la tecnología avanza y las transacciones se vuelven cada vez más instantáneas, las estafas también evolucionan, y la delgada línea entre error del usuario y falla del sistema sigue siendo terreno de disputa.
Si el reclamo de James prospera, podría sentar un precedente fuerte que obligue a todo el sector a subir la vara de seguridad. Y en un negocio donde la confianza lo es todo, eso puede marcar la diferencia entre liderar el mercado o quedarse fuera de juego