El Gobierno adjudicó la primera privatización de rutas nacionales tras 13 meses de proceso
El tramo conocido como la “ruta del Mercosur” fue asignado a dos consorcios que comenzarán a operar en diciembre, con obras y nuevas tarifas progresivas de peaje.
El Gobierno nacional, bajo la gestión de Javier Milei, dio un paso concreto en la privatización de rutas nacionales después de un proceso de 13 meses desde el anuncio inicial realizado el 15 de octubre del 2024. La primera adjudicación corresponde a la denominada “ruta del Mercosur”, que comprende las rutas nacionales 12 y 14, además del tramo que conecta el puente Rosario-Victoria.
Este corredor vial resulta clave para el comercio regional, ya que por allí circulan camiones que transportan mercaderías hacia países socios. Sin embargo, la historia reciente de esta ruta estuvo marcada por conflictos judiciales con el concesionario anterior, situación que la nueva gestión espera superar con las obras comprometidas y la actualización de las tarifas de peaje.
El Tramo Oriental fue adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios, empresa perteneciente al grupo José Cartellone, vinculado a investigaciones judiciales por cohecho activo reiterado. Este tramo abarca las rutas 12 y 14 y tendrá una tarifa de peaje fijada en $3563,45. Por su parte, el Tramo Conexión, que incluye el puente Rosario-Victoria, quedó en manos del consorcio “Obring - Rovial - Edeca - Pitón - Pietroboni”, con un peaje establecido en $3385,80.
Las ofertas de varias empresas, entre ellas Eleprint S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A., fueron desestimadas. Los adjudicatarios tomarán posesión de los tramos a mediados de diciembre, momento en el que se ultimarían los contratos y la entrega formal a las constructoras.
Actualmente, los peajes en este corredor están suspendidos, según informó la Secretaría de Transporte. Las tarifas comenzarán a cobrarse una vez que las rutas alcancen la “transitabilidad óptima”, lo que dependerá de la velocidad en que se ejecuten las mejoras en pavimento, señalización e iluminación. En ese momento, los peajes oscilarán en torno a los valores ofertados, aunque inicialmente se estima un cobro aproximado de $2000.
La concesión de esta ruta tiene un historial que se remonta a la década del 90, cuando el consorcio Caminos Río Uruguay (Crusa) obtuvo la concesión. Tras múltiples prórrogas, este vínculo finalizó en septiembre de 2025, y la administración del corredor pasó temporalmente a Vialidad Nacional, encargada del mantenimiento mientras se resuelven las nuevas concesiones.
El estado de las rutas fue motivo de disputa entre Crusa y el Estado, con reclamos empresariales por decisiones estatales que habrían afectado ingresos y ejecución de obras. El Gobierno aplicó multas que, publicadas en el Boletín Oficial, suman al menos $60.000 millones. Crusa mantiene además una demanda judicial por USD 300 millones por supuesto incumplimiento contractual, ambas cuestiones en proceso judicial. Según un relevamiento de Vialidad Nacional, de los casi 40.000 kilómetros de rutas nacionales, se analizaron 19.171,3 kilómetros, donde el 47,5% está en buen estado, el 29% en mal estado y el 23,5% en condiciones regulares, dejando a más de la mitad de la red vial nacional fuera de óptimas condiciones.
El futuro inmediato no solo contempla la puesta en marcha de los nuevos concesionarios de la ruta del Mercosur, sino también la planificación de nuevas licitaciones, como las del Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, que incluye 1325 kilómetros de rutas y autopistas, y el Tramo Pampa, que abarca 547 kilómetros sobre la RN 5. Las autoridades aseguran que la privatización mejorará la calidad vial y la seguridad, además de atraer inversiones. Sin embargo, sectores opositores advierten sobre el impacto en el bolsillo de los usuarios y exigen mayor control estatal en la ejecución de obras.
