Justicia de EEUU pidió que se desestime el pedido de fondos buitre contra activos de YPF
El pedido del gobierno de Joe Biden a favor de Argentina llegó un día después de las elecciones presidenciales que ganó el republicano Donald Trump.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
El Departamento de Justicia de EE.UU. pidió a la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, que rechace el intento de los fondos Burford y Eton Capital de quedarse con activos de YPF como parte de la sentencia por la expropiación de la petrolera. Este fallo obliga a Argentina a pagar unos 16 mil millones de dólares.
La noticia salió justo cuando Donald Trump fue anunciado como ganador de las elecciones presidenciales en EE.UU.
El Departamento de Justicia argumentó que la solicitud de ‘turnover’ (o transferencia) de las acciones de YPF que exigen los demandantes "viola las leyes de inmunidad soberana de Estados Unidos". En el escrito, piden a la jueza Preska que no apruebe la medida.
Burford y Eton Capital, que ganaron el juicio inicial por la expropiación de YPF, reclaman que Argentina entregue un tercio de las acciones de YPF como garantía, mientras la apelación sigue su curso en la Corte de Apelaciones de Nueva York. Argentina se negó, y los demandantes iniciaron acciones para detectar otros activos que pudieran embargar.
En este contexto, la Procuración del Tesoro de Argentina se contactó con el gobierno de Joe Biden para hablar del caso y alertar sobre el riesgo de embargar activos que no están bajo la jurisdicción de EE.UU. Cabe aclarar que las acciones de YPF están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires y no cotizan directamente en Nueva York.
En su momento, el gobierno de Cristina Kirchner no hizo una oferta pública de adquisición (OPA) de todas las acciones de YPF cuando se expropió la empresa, algo que los fondos demandantes argumentan como una violación de los estatutos de YPF, que desde 1993 cotiza en la bolsa de Nueva York.
El entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, dijo en su momento que hacer la OPA sería una tontería, y tanto los demandantes como la jueza Preska usaron esa declaración para sustentar sus argumentos en el juicio.
Por su parte, la defensa argentina sostuvo que la Constitución estaba por encima de los estatutos de una empresa, y que el proceso siguió la ley de Expropiación. Durante el juicio, también revelaron que Burford pagó al fisco español por el derecho a demandar, tras comprar esa posibilidad de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora, que habían quebrado.
