Suben los impuestos malos y bajan los buenos

En Sistema Económico y Rentístico de la Confederación, Juan Bautista Alberdi decía: “Por la contribución exorbitante atacáis la libertad de industria y de comercio, creando prohibiciones y exclusiones, que son equivalentes del impuesto excesivo; atacáis la propiedad de todo género, llevando la contribución más allá de los límites de la renta; atacáis la seguridad, por la persecución de los efugios naturales de defensa apellidados fraude, que son hijos naturales del rigor fiscal; atacáis la igualdad, disminuyendo las entradas y goces del pobre. Tales son los resultados del impuesto exorbitante: todos contrarios a las miras generosas de la Constitución, expresadas en su preámbulo.”

Y comparando impuestos en la historia argentina de la primera mitad del siglo XIX decía: “Por eso Rosas, para apoyarse en el pueblo, prefirió sellar papel moneda antes que alzar la contribución directa a su valor real primitivo. Entretanto Rivadavia, menos contraído a buscar popularidad para conservar el poder, aumentó con la contribución directa las causas del descontento que arruinaron el ascendiente de su partido”

Está claro, en línea con el primer razonamiento del padre de nuestra Constitución, que todo impuesto en exceso es malo y por lo tanto mi primera tendencia es a aplaudir cualquier propuesta que los baje. Sin embargo, para un país que tuvo 6,5 puntos del producto de déficit primario y que va camino al 4% este año, a menos que en simultaneo aparezca una propuesta de reducción de gastos (que hasta ahora no se vio), me preocupo, porque quiere decir que el gobierno está siguiendo los pasos de Rosas a los que hacía referencia Alberdi y simplemente transformará un impuesto bueno (Ganancias) en uno malo (sellar papel moneda).

Ganancias es superior por tres razones. En primer lugar, porque es más equitativo que el impuesto inflacionario; pagan proporcionalmente más, los que mayor capacidad contributiva poseen, exactamente lo contrario de lo que sucede con la emisión de una moneda sin respaldo y sin demanda que es mantenida en mayor proporción en el bolsillo de los pobres que en el portafolio de los de ingresos más altos, que pueden diversificar sus tenencias en dólares, bonos, acciones, bitcoins, o propiedades inmobiliarias. En segundo lugar, porque genera menos distorsiones; la inflación rompe el sistema de precios, destruye la moneda impactando negativamente en el ahorro y la inversión, pero también haciendo más frecuentes las crisis de balance de pagos, además facilita la corrupción y destruye el crédito de largo plazo, limitando el acceso de la clase media a la vivienda, entre otros males. En tercer lugar y no menos importante, porque la emisión no es un impuesto legislado y por distintos sesgos cognitivos no resulta visible para los ciudadanos, a diferencia de lo que ocurre con Ganancias, que aparece como un descuento en el recibo de sueldo o directamente como una factura que hay que pagar todos los años en el caso de los autónomos y las empresas.

Nótese que aunque es mejor, Ganancias también tiene sus distorsiones, algunas de las cuales acaban de verse en la negativa de los trabajadores de Toyota a trabajar turnos adicionales porque el estado se queda con hasta 35% de sus horas extras, circunstancia que se vería agravada si el gobierno efectivamente aprueba el mínimo no imponible de 150.000 porque nadie que gane 145 va a querer ganar 160 si buena parte de esos 15.000 los perdería.

Este problema no es menor en el caso de las sociedades. El equipo económico madura una propuesta de tasas marginales mas altas, que podrían rondar el 39% para las empresas que muestran “altas ganancias”, a los efectos de financiar la baja en el impuesto para los asalariados que ganan menos de 150.000 pesos mensuales. Si bien el tributo no cambia, la decisión de producción de la firma, que siempre buscará el máximo beneficio posible, sí puede alterar sus niveles de inversión, llegando a implicar el cierre del negocio si los capitales no están hundidos y tienen alta movilidad. Dos ejemplos; un productor agropecuario tiene que decidir la inversión en un fertilizante con la potencialidad de incrementar su cosecha en un 10% si todo sale bien y un empresario minero que está sacando un mineral para exportación. En el primero de los casos podría optar por no usar el producto que mejora la cosecha e invertir ese dinero en otra cosa alternativa, incluso fuera del país o del sistema. En el segundo de los casos la inversión ya está jugada y como el capital está hundido, puede aceptar una menor rentabilidad o tratar de ajustar a sus trabajadores y proveedores, trasladando el impuesto hacia atrás y socializando la carga. Por supuesto, en el largo plazo todas las formas de capital son variables y los inversores hacen shopping tributario. Puede que de todos modos se sostengan las inversiones en industrias extractivas, porque los recursos están acá, pero si una empresa está analizando radicar su planta productiva en Buenos Aires o San Pablo, sin duda lo hará en la que, todo lo demás constante, tenga menos impuestos.

No conformes con bajar el último impuesto que había que bajar, el Senado dio media sanción al “consenso fiscal”; un eufemismo que libera a las provincias de los compromisos asumidos en el pacto fiscal del 2018, por el que se comprometían a bajar el impuesto a los ingresos brutos, que desde todo punto de vista el peor impuesto del sistema tributario, porque se trata de una imposición en cascada, que hace que un producto altamente elaborado, con muchas etapas de agregación de valor, pague más que una materia prima, pero también porque es un impuesto que pagan en mayor medida los que menos tienen. Peor en eficiencia y peor en equidad. Por si eso fuera poco, a diferencia del IVA, que todo el mundo sabe que en general y salvo las exenciones representa el 21% del precio de los bienes, es un tributo que no resulta visible para el consumidor y que nadie sabe cuanto representa en el precio final, circunstancia de además de la falta de transparencia republicana, atenta contra las exportaciones porque es de imposible devolución.

La política avanza así con una agenda que atenta contra la inversión, la producción y las exportaciones, pero que es políticamente atractiva para el electorado. El diccionario de la RAE tiene una palabra para esa definición: demagogia.