Milei vetó la Ley de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario

El presidente Javier Milei y su gabinete firmaron el veto total a la Ley de Emergencia Pediátrica, sumándose a la reciente negativa a la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas medidas, publicadas en el Boletín Oficial, buscan preservar el equilibrio fiscal y evitar un gasto público que el Ejecutivo considera excesivo.

La Ley de Emergencia Pediátrica contemplaba un aumento presupuestario para el sector salud, con especial atención a la pediatría, incluyendo la recomposición salarial de profesionales y la asignación prioritaria de insumos críticos durante un año. Sin embargo, el Gobierno argumentó que la norma carece de un financiamiento genuino y presenta una redacción ambigua que podría generar arbitrariedades en su aplicación.

Frente a las protestas de profesionales de la salud, que tienen como símbolo al hospital Garrahan, el Ejecutivo justificó el veto señalando un impacto fiscal directo estimado en 115.030 millones de pesos debido a la recomposición salarial prevista.

Desde el Gobierno advirtieron que el financiamiento de esta ley debería provenir de reasignaciones presupuestarias dentro del Ministerio de Salud y de reservas destinadas a contingencias sanitarias, lo que podría desfinanciar otros programas sanitarios vigentes y erosionar recursos para emergencias.

Para dimensionar el impacto, se comparó el monto con el presupuesto de vacunas, indicando que representa un tercio del calendario total, y es tres veces el crédito asignado a políticas para VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales. Además, equivale al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC).

Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un costo fiscal aproximado de 65.573 millones de pesos. Con base en estos informes, el oficialismo ratificó su rechazo a ambas leyes, argumentando que "profundizan el déficit y amenazan la estabilidad financiera del Estado".

El decreto oficial sostiene que la ley profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y amenaza la estabilidad presupuestaria tanto nacional como provincial. En sus fundamentos concluye que "el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal".

En paralelo, la Casa Rosada postergó la decisión sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una norma clave para los gobernadores, en medio de un contexto de reorganización política tras la derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires y en busca de un nuevo diálogo con las provincias.