El Estado asume el mantenimiento de las Rutas Nacionales 12 y 14 tras finalizar el contrato con Crusa
La finalización del contrato con Crusa obliga al Estado a asumir el mantenimiento de las Rutas Nacionales 12 y 14. Esta situación ha generado tensiones con el consorcio y afectado a cerca de 500 trabajadores en la región.
El contrato con el consorcio Caminos Río Uruguay (Crusa) ha llegado a su fin, lo que implica que el Estado asumirá la responsabilidad del mantenimiento de las Rutas Nacionales 12 y 14. Estas rutas representan importancia para el comercio regional, conectando con Brasil, Uruguay y Paraguay. A pesar de los planes originales del Ejecutivo, que había anunciado una licitación encabezada por Manuel Adorni, la situación actual revela una demora.
De acuerdo a un comunicado oficial de Vialidad, la etapa de licitación estaba programada para diciembre de 2024, con la adjudicación y el traspaso de la concesión previstos para abril de 2025. Sin embargo, esta planificación no se ha concretado, lo que deja a Vialidad a cargo de tareas de mantenimiento esenciales. Hasta que se produzca la entrada del nuevo concesionario, la dependencia estatal realizará trabajos que incluyen bacheo, corte de pasto y atención al usuario.
El estado actual de las Rutas Nacionales 12 y 14, cuya última gran intervención se llevó a cabo entre 2019 y 2020, ha generado incertidumbre en su funcionamiento y seguridad. Crusa, en un comunicado, expresó que la congelación de tarifas de peaje había impactado negativamente en su capacidad de inversión.
Las tensiones entre Crusa y el Gobierno se intensifican, principalmente en dos frentes. Por un lado, los empresarios atribuyen la situación actual a decisiones estatales que minaron sus ingresos, mientras que el Gobierno ha aplicado numerosas multas, que suman al menos $60.000 millones. Además, Crusa ha iniciado acciones legales por un supuesto incumplimiento de contrato en busca de una compensación de USD 300 millones.
Otro punto crítico son los casi 500 empleados de Crusa que, en protesta por la incertidumbre laboral, han dejado de cobrar peajes y realizaron cortes en la autopista Ricchieri. Mientras el consorcio asegura haber explorado alternativas laborales, desde el Gobierno sostienen que la resolución de este tema no es competencia de Vialidad. Este contrato, que se originó durante la privatización en los años 90, se extingue en el contexto de la gestión del actual Gobierno.
Las medidas del Gobierno sobre el destino de las rutas han cobrado relevancia, tras la intervención de Corredores Viales con el fin de acelerar su privatización. La gestión de Javier Milei ha tenido un balance entre privatizaciones y estatizaciones, aunque hasta ahora, la única venta concretada fue la de Impsa a Arc Energy. Las nuevas privatizaciones de empresas, como Aerolíneas Argentinas, aún no han logrado captar el interés de compradores serios, y se continúa con el cierre de otras entidades estatales. Los expertos advierten que la falta de inversión podría agravar el deterioro de la infraestructura, afectando la seguridad vial y el transporte de mercancías en una región clave para la economía nacional.
