Gobierno|07 de octubre de 2021

Efemérides de la economía argentina: Plan Bonex

Continuamos con esta serie de artículos, donde revivimos algún hecho histórico de la economía argentina.

Por Simón Salas Seeber

 

En la edición de la semana pasada comentamos como el corralito de 2001 no puede entenderse sin la convertibilidad y la respectiva situación del país. Análogamente, tampoco podría comprenderse el Plan Bonex si no se recuerda lo sucedido en los meses previos. En aquel 1989, la Argentina padeció una severa hiperinflación, fenómeno que llevó a terminar el año con un aumento de precios del 3079%.

 

El elevado déficit fiscal, una balanza de pagos deficitaria que consumía las divisas necesarias para pagar la elevada deuda externa y un Banco Central que había perdido casi todas sus reservas intentando contener, sin éxito, el precio del dólar (cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia).

 

Antonio Erman González, ministro de Economía, anunció en los primeros días de enero del 1990 que "el que no necesite cancelar obligaciones, y no necesite circular con el dinero, si bien nosotros decimos que cuiden los australes, no los gasten indebidamente, porque van a valorizarse permanentemente, tampoco les decimos que los mantenga en su bolsillo y los atesoren".

 

Para tomar el control de esos pesos, sugirió: "Pueden volver al sistema bancario a través de 3 canales posibles: depósito en cuenta corriente, depósito en caja de ahorro, con tasa de interés libremente pactada, y la tercera alternativa es una caja de ahorro ajustable por el tipo de cambio más una tasa de interés libremente pactada entre la entidad y el depositario".

 

"El BONEX es un título absolutamente sano, dolarizado, con tasa de interés internacional"

 

Básicamente, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (herramienta de los Gobiernos para imponer medidas generalmente antidemocráticas), se aprobó el canje de depósitos bancarios por bonos externos, siendo así una de las medidas más polémicas del primer gobierno de Carlos Menem.

 

En esos días, la mayoría de los depósitos que recibían los bancos provenían automáticamente del BCRA. Entonces, para que el Banco Central pudiera pagarle a los bancos el dinero que les debía (y éstos a su vez a los ahorristas) el Estado creó el Plan Bonex, que fue un canje de los depósitos a plazo fijo por títulos públicos bajo el nombre "Bonex 89", cuyo vencimiento estaba previsto para 1999.

 

El decreto 36/90, publicado el 3 de enero de 1990, incluyó algunas afirmaciones sospechosas. “Acontecimientos extraordinarios obligan al uso de remedios también extraordinarios, pero no ilícitos. El éxito -que no sería del gobierno sino del país- legítima los medios intranormativos que sirvan para alcanzarlo”.

 

¿Por qué se tomó esta medida? Como detalla una investigación de la UCEMA, "uno de los motivos fue el negocio de los bancos de captar depósitos, y prestárselos al Estado a tasas mayores, para que el mismo pudiese cubrir su déficit; el Estado a través de la medida, busco saltearse a los bancos tomando los fondos directamente del público y alargando el plazo de devolución, sin tocar cajas de ahorro o cuentas corrientes"

 

El objetivo de "secar de dinero la plaza" para calmar el dólar era, a la vez, un subterfugio de índole práctica para desarmar los vencimientos de plazos fijos, estimados en 3 billones de dólares. Alrededor del 80% de estos depósitos estaban almacenados en el Banco Central bajo el título de "Depósitos Indisponibles (Depin)", como encajes remunerados con tasas de interés altísimas.

 

Incapaz de devolverlo, el BCRA les pagó a las entidades financieras con Bonex para que repartieran entre sus clientes; “El objetivo perseguido era la eliminación de los pasivos monetarios remunerados (encajes, depósitos indisponibles y depósitos especiales) para erradicar de esa manera el déficit cuasifiscal. Si bien a expensas de deteriorar la reputación del Estado como pagador de sus obligaciones, la eliminación del problema antedicho, por su magnitud, facilitó enormemente el tránsito hacia un sistema monetario que pudiera adaptarse a situaciones de baja inflación”, reconoció la autoridad monetaria en su memoria correspondiente a 1990.

 

En su totalidad, los depósitos canjeados por bonos sumaron unos u$s 3000 millones, cifra 15 veces inferior a la del corralito. Erman González anunció que aquellos depósitos en plazo fijo que excedieran el millón de australes se canjearían por títulos de deuda pública, cuya devolución total era a 10 años. A partir de esta decisión, el público le inició juicios al Estado para recuperar sus fondos.

 

Los reclamos ante la Justica no fueron atendidos; la Corte Suprema, con de mayoría "menemista", terminó, lógicamente, fallando a favor del Estado.

 

Como relata Tiempo Argentino, "el diario Clarín difundió la historia de un cliente que esperó los diez años y al vencimiento del bono intentó cobrarlo. En el Scotiabank, sucesor del Banco Quilmes (donde se había originado la operación), le reconocieron el capital adeudado, que reforma monetaria mediante era de 500 pesos, pero le informaron que debía 712 pesos por la custodia de los títulos. 'Es el primer reclamo que se nos plantea. Pasaron tantos años que la gente se olvida', dijeron empleados del banco".