Embargo a activos argentinos: jueza de Nueva York autoriza USD 210 millones por deuda impaga desde 2001

La jueza americana Loretta Preska ha decidido autorizar el embargo de activos argentinos, una medida vinculada a la deuda impaga que se remonta a la crisis económica de 2001. Según su fallo, se embargarán USD 210 millones que corresponden al colateral de los Bonos Brady. Además, estableció la congelación de otros USD 100 millones en disputa entre los acreedores Attestor Master y Bainbridge Fund.

La reciente decisión de la jueza suma presión sobre Argentina, que enfrenta una situación compleja en los tribunales internacionales. Esta resolución llega en un contexto donde los holdouts, acreedores que no aceptaron las reestructuraciones de deuda pasadas, han seguido obteniendo fallos a su favor. En este caso específico, Attestor Master reclama derechos sobre USD 460 millones, mientras que Bainbridge Fund busca recuperar USD 100 millones.

En enero, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una apelación presentada por las autoridades argentinas, lo que dejó en vigencia la orden de embargo dictada por Preska. La disputa actual gira en torno a los activos argentinos que están atados al colateral de los bonos Brady, utilizados como garantía en la reestructuración de deuda de los años noventa.

A pesar de que Argentina volvió a cumplir con el pago de sus obligaciones en 2023, liberando así ciertos activos, la reciente disputa ha resultado en nuevos embargos, añadiendo más presión sobre el país. Este nuevo embargo destaca la tenacidad de los holdouts que, tras más de dos décadas del default, continúan luchando por recuperar su inversión.

Otros acreedores, como Bainbridge Fund, también intentaron ampliar el alcance del embargo, aunque la jueza Preska decidió limitar la congelación a los USD 100 millones mencionados anteriormente. Los fondos involucrados, que incluyen a Attestor Master, Trinity Investments y Bison Bee LLC, son tenedores de deuda que no participaron en las reestructuraciones implementadas en 2005, 2010 y 2016. Esto pone de manifiesto la complejidad del panorama para Argentina, que ahora se enfrenta a un prolongado conflicto legal debido a las persistentes demandas de los acreedores.

La situación se complica aún más para el Gobierno argentino, que deberá encontrar soluciones para cumplir con sus obligaciones financieras sin afectar su economía interna. Expertos advierten que estos embargos podrían limitar la capacidad del país para acceder a nuevos créditos internacionales, lo que a su vez podría agravar la recesión económica que enfrenta.