De qué se trata el proyecto de ley de nuevo blanqueo

El proyecto de ley de Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado prevé el pago de alícuotas que arrancarán en el 2,5% desde la entrada en vigencia hasta el 31 de marzo y luego subirán al 5% y al 7,5% en los posteriores trimestres.

En el proyecto se establece que funcionarios nacionales y sus familiares no podrán acceder a este blanqueo, así como tampoco quienes hayan sido alcanzados por el Aporte Solidario dispuesto para morigerar los efectos de la pandemia.

Asimismo, se duplican las alícuotas para los bienes del exterior cuando no exista repatriación, entendiendo por regreso de bienes cuando el monto en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren.

También se establece un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales y con un tope de hasta US$50.000.

Entre los considerandos más importantes se destaca que para acceder al régimen simplificado, la declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional o de moneda extranjera requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado. Quedarán excluidos únicamente del Régimen Simplificado aquellos contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario, es decir los de alta capacidad contributiva.

Esto incluye a quienes hubieran omitido declarar los siguientes impuestos: Ganancias, Internos y al Valor Agregado, Bienes Personales y de la contribución especial de Cooperativas. A diferencia de lo sucedido con el blanqueo impulsado por el gobierno anterior, habrá exclusiones para funcionarios públicos y familiares directos.

En concreto, no podrán ingresar los sujetos que entre el 1° de enero de 2010 y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado funciones públicas así como sus cónyuges, convivientes, padres e hijos.

Otro aspecto destacado es la incorporación de colaboradores como procedimiento para que la AFIP obtenga información de cualquier sujeto, residente o no en la Argentina. La función de los colaboradores permitirá la eventual detección y/o localización tanto de bienes no declarados, en el país y en el exterior, como de maniobras que tengan como objetivo algunos de los delitos tipificados en el presente Régimen Penal Tributario.

Se aclara que la autoridad de aplicación, la Adminstración Federal de Ingresos Públicos (Afip) podrá acordar con el colaborador, en los términos que a esos efectos fije la reglamentación, el monto de la recompensa, aunque esta no podrá superar el 20% del total de lo efectivamente recaudado.

Quienes hagan uso de esta figura gozará de protección y reserva de identidad de él y de su entorno familiar o societario,.

Además, la AFIP estará dispensada de aplicarles sanciones administrativas y de formularles denuncia penal tributaria, en caso de corresponder, cuando las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios fueren objeto de un acuerdo de colaboración.

Para ponerlo en marcha, la AFIP reforzó su sistema de seguridad con la incorporación de un software especialmente solicitado por Estados Unidos y la instalación de cámaras en el sector que procesa los datos provenientes del país del norte.