La economía no es inmune a la transición electoral, pero hay margen de acción para las políticas públicas

Un reciente informe de la Fundación Mediterránea sostiene que el elevado rendimiento que ofrece el Bonar con vencimiento en 2028 frente al bono que vence en 2027 refleja la incertidumbre que genera el panorama político posterior a las elecciones presidenciales de 2027. Sin embargo, advierte que sería un error creer que hasta entonces no pueden adoptarse medidas para mejorar el desempeño de la economía.

Según el análisis, parte de la desaceleración económica no responde únicamente al proceso de apertura y reordenamiento macroeconómico, sino también a problemas estructurales que siguen elevando el denominado "costo argentino". Entre ellos menciona la falta de crédito competitivo, la elevada carga tributaria, la industria del juicio, la informalidad, las deficiencias de infraestructura, las trabas regulatorias y la demora en reformas clave, como la laboral. El informe sostiene que avanzar sobre estos obstáculos permitiría mejorar la competitividad sin necesidad de esperar un nuevo ciclo político.

El documento también pone el foco en el deterioro de las expectativas. Destaca que el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 4,8 puntos en julio respecto de junio, con una baja particularmente fuerte en el Gran Buenos Aires. Este deterioro ocurrió incluso en un contexto de desaceleración de la inflación, lo que sugiere que la mejora en los precios ya no alcanza para impulsar el consumo y la actividad.

En este contexto, el informe cuestiona la política monetaria implementada desde abril de 2025, cuando el Gobierno introdujo el esquema de bandas cambiarias, flexibilizó parcialmente el cepo para personas físicas y adoptó un régimen basado en el control de la cantidad de dinero. A juicio de los autores, esa estrategia limitó la expansión del crédito al sector privado, que permaneció estancado en torno al 9% del PBI, debido a elevados encajes bancarios y a la volatilidad de las tasas de interés.

El análisis también sostiene que la decisión inicial del Banco Central de no comprar dólares en el mercado oficial retrasó la acumulación de reservas y la baja del riesgo país, sin lograr al mismo tiempo una desinflación sostenida. Entre abril de 2025 y mayo de 2026, el crecimiento económico fue muy moderado, con una expansión desestacionalizada del PBI de apenas 0,8%.

Asimismo, el informe cuestiona el supuesto de la "dolarización endógena", según el cual la escasez de pesos sería compensada por un mayor uso de dólares en las transacciones cotidianas. En la práctica, predominó el incentivo a ahorrar dólares antes que gastarlos, lo que redujo la liquidez de la economía y limitó el crecimiento del crédito y la actividad.

Los autores recuerdan que, tras la implementación del nuevo esquema cambiario, existían dos alternativas: mantener el cepo para preservar mayor margen de intervención del Banco Central o avanzar hacia una liberalización cambiaria completa acompañada por intervenciones para evitar excesiva volatilidad. Finalmente, el Gobierno terminó modificando parcialmente su estrategia hacia fines de 2025, retomando las compras de divisas para fortalecer las reservas y estableciendo un corredor informal de tasas.

De cara a 2027, el informe considera que el principal desafío será fortalecer el programa financiero. Los vencimientos de deuda en moneda extranjera alcanzarán los USD 24.900 millones, de los cuales alrededor de USD 13.500 millones deberán refinanciarse en el mercado. Para minimizar riesgos, recomienda que el Gobierno aproveche el resto de 2026 para asegurar nuevas fuentes de financiamiento mediante emisiones internacionales y continuar fortaleciendo las reservas, con el objetivo de reducir el riesgo país y mejorar las condiciones de acceso al crédito.