Se privatizarán ocho empresas públicas: cuáles son las compañías afectadas

El Gobierno nacional ha dado un paso hacia la privatización de ciertas empresas públicas, con la reciente reglamentación de la primera parte de la Ley Bases. Este lunes, mediante el decreto 695/2024, se realizó la oficialización que permite la inclusión de ocho compañías en la lista de entidades que podrían ser ofertadas al capital privado, destacando a Agua y Saneamiento (Aysa), que opera en Buenos Aires.

Tras un extenso debate en el Congreso de la Nación, donde se llevaron a cabo negociaciones, se ha reducido la cantidad de empresas originalmente propuestas para privatización. Guillermo Francos, quien lideró estas discusiones, tuvo que ceder ante la eliminación de algunas iniciativas, como la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA). Sin embargo, existen expectativas de que el Gobierno considere estas empresas en el futuro.

Cuáles son las empresas autorizadas a privatizarse

Las firmas que quedan en la lista incluyen, además de Aysa, a Energía Argentina, Intercargo, Belgrano Cargas, la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina SA (Nasa) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético, administrado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). A pesar de que varias de estas empresas son vitales para la economía nacional, el objetivo principal del Ejecutivo es optimizar su funcionamiento y reducir el gasto público.

Conforme a lo estipulado por la Ley Bases, el siguiente paso exige que el ministro o secretario encargado presente un informe detallado al Poder Ejecutivo. Este documento debe incluir una propuesta concreta respecto a la privatización, el tipo de privatización que se propone (total o parcial), y los procedimientos a seguir. Sumado a esto, es necesario establecer plazos y modalidades adecuados para efectuar la privatización.

Este informe será entregado a la Comisión Bicameral del Congreso y, una vez que reciba la aprobación del Ejecutivo, el funcionario a cargo podrá iniciar los trámites necesarios para convocar ofertas del sector privado. Es relevante mencionar que, antes de formalizar los contratos resultantes, es imprescindible consultar a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, lo que añade un nivel de revisión al proceso. Si se presentan observaciones, se elaborará un nuevo informe para abordar dichas recomendaciones.