La Cámara de Casación Penal ordena la captura del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri
Uribarri cumple una condena de ocho años por peculado y negociaciones incompatibles. Fue en el marco de la causa por uso ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales.
La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos tomó la decisión de ordenar la "inmediata captura" del ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri. Esta medida responde a un riesgo de "frustrar los fines del proceso", al invalidar un fallo previo que le permitía permanecer en libertad hasta que la condena en su contra se volviera definitiva.
El documento emitido por el tribunal consta de un análisis en el que se manifiestan "motivos suficientes para anular la resolución impugnada" y se afirma la necesidad de la prisión preventiva en una unidad carcelaria. Las juezas que integran el tribunal, Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, hicieron lugar a una apelación presentada por la fiscalía, subrayando el compromiso de Argentina, a través de "tratados internacionales". Estos acuerdos exigen un "deber de investigar, juzgar y castigar" los delitos relacionados.
La sentencia también menciona que hubo un retraso en la ejecución de la sentencia condenatoria que aún no se encuentra firme, lo cual podría deberse, como advierte el fallo, a "diversas maniobras" que reafirman "un desconocimiento de la vía recursiva, o una voluntad" de eludirla. Los magistrados señalan los riesgos que plantea el entorpecimiento de la causa penal.
Además de Uribarri, otros ex funcionarios también enfrentan condenas en este caso. El ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, así como el ex funcionario Juan Aguilera, también han sido condenados. Mientras tanto, Uribarri enfrenta desde 2022 una condena de ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas, por "peculado" y "negociaciones incompatibles". Esta sentencia está actualmente en proceso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la sociedad entrerriana, se cuestiona la corrupción en la política local. Las autoridades judiciales reafirmaron su compromiso de luchar contra la impunidad, mientras que organizaciones civiles exigen mayor transparencia en la gestión pública. Existen manifestaciones a favor y en contra de Uribarri, reflejando las distintas opiniones del pueblo sobre la gestión de los fondos estatales.
