Gobierno declara en crisis a dos obras sociales y exige plan de contingencia en 15 días
Las obras sociales del Personal de los Hipódromos y del Jockey Club fueron declaradas en situación crítica por factores económicos y de atención. La Superintendencia de Servicios de Salud ordenó presentar un plan para revertir la situación.
El Gobierno nacional declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro, así como a la Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club de Buenos Aires y los Hipódromos de Palermo y San Isidro. Esta medida se fundamenta en la identificación de factores de criticidad que superan los límites establecidos en aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención a los beneficiarios.
Las resoluciones 1643/2025 y 1644/2025, emitidas por la Superintendencia de Servicios de Salud y publicadas en el Boletín Oficial, oficializan esta declaración. En ellas, se intimó a ambas entidades a presentar un plan de contingencia en un plazo máximo de 15 días para afrontar la crisis. El seguimiento y control de la situación estarán a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, que evaluará indicadores económico-financieros, la capacidad de repago de las obras sociales y su dependencia de subsidios financieros.
En un comunicado oficial, la Superintendencia afirmó que “la gestión de la S.S.Salud tiene como principal objetivo fortalecer el rol fiscalizador del organismo para así garantizar un sistema de salud sustentable que permita el acceso a prestaciones de salud de calidad para la población”. A través del decreto 170/2024, el Poder Ejecutivo habilitó a los trabajadores a elegir directamente la obra social o empresa de medicina prepaga a la que destinarán sus aportes, sin necesidad de intermediación sindical.
El alcance de esta reforma afecta a más de 14 millones de personas, incluyendo asalariados en relación de dependencia, monotributistas y trabajadores de casas particulares, además de los más de 5 millones de beneficiarios del sistema general. Las obras sociales afectadas deberán presentar medidas concretas para mejorar la gestión financiera y garantizar la continuidad de los servicios. De no cumplir con el plan, podrían enfrentarse a intervenciones administrativas o incluso a la disolución.
