El Gobierno establece un “tapón fiscal” para el impuesto a las Ganancias: de qué se trata
La propuesta limita la fiscalización de ARCA a la última declaración jurada y establece nuevos criterios para las deudas tributarias. También ofrece una oportunidad única para regularizar deudas sin denuncia penal.
El Gobierno presenta un nuevo proyecto de ley que establece un “tapón fiscal” para el impuesto a las Ganancias, restringiendo a la Administración de Recursos y Contribuciones de Argentina (ARCA) a fiscalizar a los contribuyentes solo en base a su última declaración jurada. Esto significa que, aunque el plazo de prescripción por evasión tributaria se reduzca a tres años, el fisco no podrá inspeccionar declaraciones previas. “Con esto limitamos la fiscalización al período de la última declaración jurada”, afirmaron fuentes oficiales.
La propuesta también incluye la "presunción de exactitud", donde se asume que la declaración jurada de los contribuyentes es verdadera hasta que ARCA pruebe lo contrario. Este enfoque forma parte de un régimen simplificado que se enfoca en aquellos con ingresos de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. Desde el Gobierno aclararon que este criterio se evaluará tomando en cuenta el año inmediato anterior, así como los dos años previos, para prevenir maniobras de evasión.
En el mismo sentido, el proyecto facilita que los contribuyentes que acepten la declaración de ARCA y realicen el pago correspondiente, se liberen de obligaciones tributarias, aunque este beneficio no será aplicable en casos de omisión de ingresos, deducciones indebidas o el uso de facturas falsas. Además, se establece un umbral de discrepancia significativa; si existe una diferencia del 15% entre la declaración presentada y la información que tiene el fisco sobre el contribuyente, esto se considerará como una incongruencia.
Otra de las innovaciones que se incluye es la ampliación de una oportunidad única para saldar deudas tributarias sin que haya denuncia penal por parte de ARCA. El artículo 11° indica que si un contribuyente cancela sus obligaciones evadidas y sus intereses antes de que se presente la denuncia penal, no habrá acción legal en su contra. Este mecanismo permitirá que quienes tengan deudas pero aún no hayan sido denunciados, puedan regularizar su situación con un solo pago, obteniendo así una “segunda chance”, ya que si hubo alguna denuncia previa, el contribuyente podrá liberar su carga penal abonando el total de la deuda más un 50% adicional.
Según una fuente cercana al proyecto, “el principal objetivo de la ley es cambiar el paradigma del régimen tributario argentino”. La expectativa es que, con la actualización de los límites, se reduzcan drásticamente las más de 6.652 denuncias penales actualmente activas. Con los nuevos montos, se estima que solo 198 de estas denuncias podrían mantenerse vigentes, marcando un cambio en la manera en que se debe afrontar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
