El Gobierno lanza la privatización de ENARSA con la venta de acciones de CITELEC
Mediante la Resolución 1050/2025, el Ministerio de Economía oficializó el inicio de la privatización de Energía Argentina S.A. con la puesta en venta de la mayoría accionaria de CITELEC, controlante de Transener.
El Estado nacional puso en marcha el proceso de privatización de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) con la decisión de vender las acciones de la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC S.A.). Esta medida fue oficializada mediante la Resolución 1050/2025 del Ministerio de Economía, publicada el 25 de julio de 2025 en el Boletín Oficial.
CITELEC posee el 52,4% de las acciones y es la sociedad que controla a Transener S.A., la empresa encargada de transportar energía eléctrica en alta tensión, específicamente en el sistema extra alta tensión de 500 kV, que abastece gran parte de Argentina. Además, CITELEC mantiene participaciones minoritarias en Transener y en la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA S.A.), consolidando su papel en el sistema eléctrico nacional.
El proceso de venta de acciones no incluirá otorgamiento de preferencias ni un programa de propiedad participada. La operación se llevará adelante a través de un concurso público con alcance nacional e internacional, que deberá concretarse en un plazo máximo de ocho meses.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas fue designada como Unidad Ejecutora Especial Temporaria para gestionar esta privatización, asegurando la ejecución del proceso según lo establecido por el Gobierno. Mientras sectores empresariales celebran la iniciativa, sindicatos y organizaciones sociales advierten sobre posibles impactos en tarifas y empleo. El Gobierno asegura que la privatización mejorará la eficiencia y la inversión en el sector energético.
Las ofertas serán evaluadas por un comité técnico y económico, que priorizará propuestas que garanticen continuidad operativa y planes de inversión a largo plazo. El proceso busca atraer capitales nacionales e internacionales para fortalecer la infraestructura energética. El Gobierno reafirmó que el proceso se realizará con transparencia y bajo estrictos controles regulatorios para evitar monopolios y proteger el interés público, garantizando así un suministro eléctrico seguro y accesible para toda la población.
