No toda apertura es igual: el verdadero desafío es la competitividad

Cada vez que Argentina avanza en la reducción de aranceles o en acuerdos comerciales, la reacción es automática: “esto ya terminó mal”. Se invocan los años setenta, la apertura financiera, la convertibilidad y el desempleo de los noventa.

Pero la historia económica no funciona por analogía automática. Depende del contexto y del punto de partida. Y hoy ese punto de partida es distinto. El resultado final, dependerá de cómo se encaren los desafíos que hay por delante.

Una economía menos cerrada que en el pasado

Previo al programa de apertura de 1976, Argentina operaba con un esquema de protección mucho más elevado que el actual. Los estudios históricos ubican el arancel nominal promedio en niveles cercanos al 35–45%, con picos que en algunos sectores superaban ampliamente el 100%. A eso se sumaban restricciones cuantitativas, licencias y autorizaciones administrativas que elevaban la protección efectiva muy por encima del arancel formal.

La protección no era un instrumento puntual: era el eje estructural del modelo de sustitución de importaciones.

En cambio, antes de la asunción presidencial de 2023, el arancel promedio aplicado se ubicaba en torno al 12–13%, según los perfiles arancelarios de la OMC. Si bien este nivel es elevado en comparación con economías latinoamericanas más abiertas como Chile o Perú, es sustancialmente menor al que caracterizaba la estructura arancelaria de los años setenta.

En el último tiempo se eliminar mecanismos de administración del comercio, como licencias no automáticas y controles previos, cuya eliminación o simplificación forma parte del debate actual. Pero el esquema no es comparable con el sistema generalizado de prohibiciones y cupos que definía el modelo previo a 1976.

Argentina fue y sigue siendo relativamente cerrada

Más allá del arancel nominal, el indicador más ilustrativo es el grado de apertura medido como comercio sobre PIB, según los datos del Banco Mundial.

Durante las décadas de 1960, 1970 y buena parte de 1980, las importaciones de bienes y servicios representaron en muchos años entre 5% y 10% del PIB, mientras que el comercio total rara vez superaba el 20%. Para un país de tamaño medio, esos niveles reflejaban una integración internacional limitada.

En años recientes, el comercio total ronda aproximadamente 25–30% del PIB, todavía por debajo de economías regionales comparables: Chile supera el 55%, Perú se ubica cerca del 45% y Uruguay en torno al 50%.

En términos relativos, Argentina fue históricamente una economía poco integrada al comercio internacional y continúa siéndolo en comparación con la región.

El problema no es la apertura, es el costo

Si una reducción de protección genera tensiones en determinados sectores, la pregunta no debería ser si el comercio es el problema, sino qué tan preparada está la estructura productiva para competir.

Ahí aparece el verdadero desafío argentino: el costo sistémico de producir.

Presión tributaria elevada y compleja, impuestos en cascada, carga laboral no salarial, costos logísticos altos, financiamiento escaso y regulaciones superpuestas configuran un esquema que encarece la producción más allá del arancel.

En ese contexto, la protección termina funcionando como un sustituto imperfecto de competitividad.

Competitividad no es tipo de cambio

En la experiencia histórica argentina, muchas veces se intentó resolver la falta de competitividad con movimientos cambiarios. Pero el tipo de cambio no corrige problemas estructurales de impuestos distorsivos, baja productividad o ineficiencia regulatoria.

Una apertura sostenible requiere algo distinto: reglas claras, reducción gradual de la carga impositiva distorsiva, simplificación normativa y mejoras en infraestructura y financiamiento. Sin eso, cualquier esquema, abierto o cerrado, enfrenta límites.

Bajar impuestos para competir

La discusión tributaria es central. Impuestos en cascada, gravámenes acumulativos y regímenes complejos reducen márgenes, desincentivan inversión y dificultan la inserción en cadenas globales.

Reducir el costo argentino no implica desfinanciar al Estado, sino ordenar el esquema tributario para que premie la inversión, el ahorro y la formalización.

En economías que lograron integrarse con éxito, la apertura estuvo acompañada por reformas que fortalecieron la competitividad interna. Sin esa combinación, la apertura puede generar tensiones sectoriales. Con ella, puede convertirse en una palanca de crecimiento.

Una discusión más madura

La pregunta relevante no es si estamos repitiendo los setenta o los noventa. El contexto institucional, comercial y financiero es distinto. La pregunta correcta es si Argentina aprovechará esta instancia para hacer lo que históricamente postergó: reducir los costos estructurales que encarecen producir y exportar.

Abrir una economía no garantiza desarrollo. Pero sostener el cierre para evitar enfrentar los costos internos tampoco garantiza la supervivencia de la industria en el tiempo. Ningún país logró integrarse con éxito protegiendo indefinidamente ineficiencias estructurales.

La competitividad no se impone por decreto ni se construye levantando o bajando una barrera arancelaria. Se construye reduciendo distorsiones, mejorando productividad y generando reglas previsibles.

La discusión, entonces, no es apertura sí o no. Es si estamos dispuestos a dejar de usar la protección como sustituto de reformas que siguen pendientes. Ahí está la diferencia entre repetir la historia y aprender de ella.