Medidas económicas que no funcionaron

El gobierno, desde el momento en que asumió, quiso evitar una devaluación brusca y retomó varias de las medidas de la teoría kirchnerista clásica. La lenta pero constante suba del tipo de cambio oficial y la incesante venta de títulos de deuda pública por parte de organismos gubernamentales, fueron y siguen siendo las soluciones de corto plazo por las que optó el gobierno para estabilizar la escalada del dólar. Esto propició un escenario cambiario calmo en el primer semestre del 2021, que pasó sin grandes sobresaltos tanto en el precio del dólar oficial como en los paralelos. Pero este “veranito cambiario” que logró el gobierno, tiene un precio realmente alto. Tan alto que, desde que Alberto Fernández es presidente, el dólar oficial subió de $63 a casi $100. Si bien esta escalada del precio del dólar oficial fue paulatina y menos evidente que las anteriores, la tendencia alcista constante dejó un alza del 58% en el precio del dólar oficial. Al mismo tiempo, se continuó con el cepo que limita la compra de moneda extranjera a U$D 200 mensuales y los impuestos del 30% (impuesto PAIS) y 35% (anticipo de ganancias y bienes personales). Otra variable a tener en cuenta es la masiva venta de títulos de deuda argentina por parte de organismos estatales para controlar el precio del dólar MEP y el contado con liquidación, que tiene como consecuencia una caída continua en el valor de estos bonos y una consecuente suba del riesgo país. La poca confianza de los inversores con respecto a estos títulos de deuda pública y su bajísima paridad, dejan cada vez más remota la posibilidad que argentina pueda volver a obtener financiamiento genuino en los mercados de capitales.

Durante todo el semestre, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, llevó a cabo una campaña para perseguir empresarios, como si de una cacería de brujas se tratase. Desde la creación del SIPRE, que requirió información a una gran cantidad de comercios sobre sus niveles de stock y producción, hasta el estricto control de la ley de góndolas y del plan “Precios Cuidados”. Esto incentivó el descontento para con el estado por parte del empresariado y la preocupación sobre futuras medidas de mayor agresividad. Aún se especula con la creación de una ley de abastecimiento, que busque garantizar determinada cantidad de unidades en góndola y ampliar el sistema de control de precios, una medida completamente en contra de los principios del libre mercado. Si bien la ley de abastecimiento intentaría garantizar el acceso a varios productos claves para el desarrollo social, terminaría perjudicando el nivel de vida y las libertades de los ciudadanos a los que pretende proteger. El gobierno, una vez más, equivoca el enfoque y opta por decisiones que ya fracasaron en el pasado. El camino no es el control de precios ni la creación de una ley de abastecimiento, sino una economía que integre a los ciudadanos desde el trabajo y los recompense con una remuneración competitiva mundialmente. Esto implicaría incentivar el crecimiento del salario real del trabajador argentino, ya que a mayor salario, más productos se pueden adquirir y menos controles de precios y stock se necesitan, debido a que las empresas se beneficiarían al ofrecer sus productos a consumidores con mejor poder adquisitivo. Un salario más alto significa más consumo, que se traduce en más ventas, inversión, producción y, por consiguiente, más y mejores empleos, alimentando un círculo virtuoso de crecimiento económico.

Seis aumentos se sucedieron en esta primera mitad del año en torno al combustible, luego de los concretados el 5 de enero del 2,9% y el 16 de enero en un 3,5% promedio, como parte del reacomodamiento del componente impositivo y del nuevo sendero de recuperación mensual de precios de los biocombustibles. El tercer aumento se produjo el primer día del mes de febrero cuando se aplicó el incremento de biocombustibles con alzas de 1% en naftas y del 1,9% en gasoil, luego el 16 de marzo con un alza promedio del 7%, el 17 de abril un 6% y el 5% de este 16 de mayo. Desde el mes de agosto de 2020 se registraron una serie de aumentos que acumulan alzas del 55%. El aumento del precio de este producto esencial para el desarrollo de las actividades de la gran mayoría de los argentinos no sería problema si se viera acompañado de un crecimiento en la actividad económica y del salario real de los ciudadanos. Pero desgraciadamente, esto se ve retrasado por la profunda recesión que atraviesa la economía argentina debido a la crisis generada por el COVID-19 y las malas gestiones por parte del actual y de los anteriores gobiernos. Así mismo, la inserción de la Argentina al mercado mundial podría contrarrestar estas alzas en los precios, ya que se negociarían acuerdos para conseguir el producto a un precio más competitivo. Pero en el gobierno apuestan a proteger la producción local, aunque sea de menor calidad y de mayor precio. Para colmo, en el contexto de adversidad que se plantea a raíz del coronavirus y la constante carga impositiva que sufrimos los argentinos, resulta casi un lujo poder llenar el tanque.

A mediados de enero conocimos el programa que dispuso el gobierno para ofrecer distintos cortes de carne a “precios populares”. El acuerdo obligó a los comerciantes a realizar una rebaja de 30% en el precio de dichos cortes. En primera instancia ya se vislumbraba un procedimiento alejado del sentido común que propuso tomar medidas contra intuitivas para intentar controlar la escalada de los precios en un producto tan vital como es la carne. La reacción no tardó en llegar. La polémica se desató cuando “El Dipy”, músico de cumbia villera y DJ, subió fotos a sus redes sociales de los cortes que se comercializaban a precios populares, que contaban con más grasa que carne. La publicación en su cuenta de Twitter se hizo viral y sus seguidores agregaron más fotos de otros cortes en donde también primaba la grasa por sobre la carne. Este papelón planteó un escenario caótico en donde se realizaron varias denuncias contra frigoríficos y supermercados por la venta de estos productos a los consumidores, pero también dejó entrever una realidad taxativa y que el mundo moderno ya incorporó hace rato: El control de precios genera escases. No solo es una medida profundamente inmoral, sino que también genera escasez y propicia la baja de calidad en los productos. Los precios establecidos artificialmente por disposición del gobierno y sin fundamento alguno obligan a los frigoríficos a bajar la calidad de sus productos y poner en riesgo la cadena de producción. El gobierno no entiende que los precios no son insignificantes, muy por el contrario, son el registro más vital de la economía. La lucha entre la oferta y la demanda es la generadora de los registros de precios y funciona perfectamente al establecer relaciones comerciales libres entre los agentes de un mercado. Pero cuando un político utiliza el aparato estatal para fijar un precio que considera “justo” para determinado producto, lo que en realidad sucede es que desconoce que los precios que pactan los agentes en un mercado libre y sin intromisión del estado son siempre los correctos, ya que solo los vendedores saben lo que les costó producir el bien y sólo los compradores conocen lo que están dispuestos a pagar.

Continuando el conflicto con el sector productivo del campo argentino, durante el mes de mayo, el gobierno nacional decidió unilateralmente y sin aviso previo, cerrar las exportaciones de carne vacuna durante un período de 30 días. Una medida de emergencia que, en la versión oficial, serviría para ordenar el funcionamiento del sector, restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad de las exportaciones y evitar la evasión fiscal en el comercio exterior. Pero por el contrario, la gran consecuencia fue la cantidad de dinero que perdieron los productores locales al no poder exportar carne al exterior, dejando al margen la caída de las rutas comerciales con el resto del mundo. Esto generó un nuevo conflicto entre el gobierno y los productores ganaderos, que respondieron con un cese de comercialización de productos vacunos desde el 20 de mayo y que se prolongará hasta el miércoles 2 de junio, con posibilidad de ampliación. Esta medida de fuerza fue consensuada por los miembros de la Mesa de Enlace y, aunque los productores lo niegan, aumenta el riesgo de desabastecimiento en las carnicerías del país. La inflación en los alimentos es muy preocupante.

Específicamente, la carne subió un 65% en los últimos doce meses. Pero el gobierno sigue apostando por cerrar las exportaciones para hacer bajar el precio, lo que tanto en la teoría como en la práctica, no funciona. Lo preocupante es que si esta medida restrictiva se amplía y continúan los ataques contra el sector agropecuario, se corre el grave riesgo de repetir una crisis económica y productiva como la que ocurrió en el año 2008. Otra consecuencia de esta restricción, y que resulta increíble en este momento económico, es que se imposibilita el ingreso de dólares proveniente de la exportación, una variable de carácter vital para posibilitar una recuperación en la económica.

Como conclusión, la gestión de Alberto Fernández, que en un principio prometía ser un híbrido, con puntos claros de la política económica kirchnerista pero con una gran cintura pragmática para sortear dificultades, se quedó en otro capítulo más del librito homologado por el instituto patria. Las medidas económicas son calcos de las utilizadas desde 2003 a 2015 y, de igual manera, las consecuencias, aunque en un escenario mucho más frágil y desequilibrado. El presidente se juega sus fichas a que las elecciones de medio término de este año le den el impulso necesario para poder reacomodar el caldero social que está en ebullición gracias a la profunda crisis política y económica en la que está sumergido el país. Pero si no se logra dejar a un lado el panfleto kirchnerista para dar paso al pragmatismo, el futuro económico de la Argentina podría estar condenado al fracaso.