El Gobierno recortará envíos a provincias y subsidios para sostener el superávit
La Casa Rosada oficializó un fuerte recorte presupuestario que apunta principalmente a transferencias provinciales, energía y obras públicas. Mientras cae la recaudación, suben las jubilaciones y el gasto previsional por efecto de la inflación.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
El Gobierno nacional volvió a poner el foco en el ajuste del gasto público y esta vez la poda pegó fuerte en las provincias, los subsidios energéticos y distintos programas estatales. La decisión quedó oficializada este lunes en el Boletín Oficial, a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida forma parte de la estrategia del Gobierno para mantener el superávit financiero, una de las principales banderas de la administración libertaria, en un contexto complicado: la recaudación tributaria sigue perdiendo contra la inflación y, al mismo tiempo, aumentan los gastos previsionales porque jubilaciones y asignaciones se ajustan mes a mes.
El recorte más pesado pasa por las provincias. Según el detalle oficial, se reducen en $322.447 millones las transferencias destinadas a financiar gastos corrientes provinciales. La motosierra también alcanza fondos vinculados al sistema educativo, obras sanitarias y programas de infraestructura en distintos puntos del país.
Entre los casos más importantes aparece el recorte de más de $35.000 millones al Plan Nacional de Alfabetización y otros $24.000 millones menos para Educ.Ar. También se achican partidas para el Fondo de Compensación Salarial Docente, que pierde casi $9.000 millones.
Otro de los grandes capítulos del ajuste pasa por los subsidios económicos. Ahí sobresale el recorte de $200.000 millones para ENARSA, además de bajas importantes en partidas para AySA, el Plan Gas.Ar y el Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumidores Residenciales de Gas.
El Gobierno busca así contener un gasto que había vuelto a mostrar presión en los primeros meses del año, sobre todo en energía y transporte.
A pesar de los recortes, el presupuesto también refleja aumentos fuertes en algunas áreas sensibles. El caso más importante es el de la ANSES, que recibe un refuerzo de $648.500 millones para afrontar el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.
El problema para Economía es que esas partidas prácticamente no se pueden tocar. Son gastos considerados “inflexibles”, porque dependen de actualizaciones automáticas ligadas a la inflación. Y ahí aparece una de las principales complicaciones del año: el Presupuesto 2026 había sido diseñado con una inflación estimada del 10,1% anual, una pauta que ya quedó vieja apenas terminado el primer cuatrimestre.
Con la recaudación cayendo en términos reales desde hace nueve meses consecutivos, el Gobierno tiene poco margen para conseguir recursos frescos. Por eso, la estrategia oficial sigue siendo clara: ajustar el gasto antes que salir a buscar nuevas fuentes de financiamiento.
Además de provincias y subsidios, los recortes alcanzan a áreas educativas, medios públicos, programas agropecuarios y organismos estatales. Entre ellos aparecen partidas menores para Radio y Televisión Argentina y aportes destinados a obras para mitigar desastres agropecuarios.
En la Casa Rosada repiten que el equilibrio fiscal “no se negocia”. Y la nueva reestructuración presupuestaria deja en claro que, al menos por ahora, esa sigue siendo la hoja de ruta oficial.
