El Gobierno lanzó la licitación nacional e internacional para privatizar AySA

El Gobierno dio un paso determinante en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) al oficializar la convocatoria a una licitación pública nacional e internacional que busca vender la totalidad del paquete accionario que posee el Estado en la empresa. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo, quien había anticipado la iniciativa en sus redes sociales el día anterior.

El llamado a licitación contempla la venta del 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado, mientras que el 10% restante permanecerá bajo titularidad de los empleados mediante el Programa de Propiedad Participada. El proceso se desarrollará mediante una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, sin base, orientada a seleccionar un “operador estratégico” que asumirá la gestión y control mayoritario de la compañía. Toda la documentación, incluidos los pliegos de bases y condiciones, estará disponible en la plataforma CONTRAT.AR.

La convocatoria deberá publicarse durante diez días hábiles en el Boletín Oficial y también difundirse en el portal internacional DGMARKET del Banco Mundial, además de los sitios web oficiales del Ministerio de Economía y de AySA. El Gobierno estableció un plazo mínimo de 45 días corridos para la presentación de ofertas, con consultas al pliego permitidas hasta el 12 de agosto y la recepción de propuestas finalizando el 27 de agosto a las 9:59, seguida por la apertura pública electrónica de sobres a las 10 horas del mismo día.

Este avance se enmarca en el marco normativo impulsado por la Ley 27.742 y el Decreto 494/2025, que declararon a AySA “sujeta a privatización”. En los considerandos de la resolución, el Ejecutivo explicó que la intención no es solo transferir la titularidad accionaria sino concretar una “transformación de importancia refundacional” del servicio de agua potable y saneamiento en el país.

El esquema previsto contempla inicialmente la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico privado, con la posibilidad de comercializar el remanente accionario en mercados bursátiles nacionales. Para garantizar transparencia y rigor en la evaluación de las ofertas, se conformará una comisión evaluadora “ad hoc” integrada por funcionarios designados para ese fin.

Asimismo, la Secretaría de Obras Públicas y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas podrán solicitar asistencia técnica y operativa a AySA y al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) durante el desarrollo del proceso licitatorio. Un aspecto central de esta etapa es la aprobación del contrato que regirá la operación privada del servicio. Más allá de la privatización, el foco está en diseñar un marco institucional y regulatorio que permita avanzar con la concesión de manera sostenible.

La estrategia combina la incorporación de un operador estratégico con participación mayoritaria y la posible colocación parcial del capital en mercados, buscando mejorar la valuación de la empresa y atraer inversiones. Uno de los puntos más delicados será equilibrar la sustentabilidad financiera con las inversiones requeridas para expandir y mejorar las redes e infraestructuras, lo que inevitablemente reabre el debate sobre las tarifas del servicio.

En el mercado ya se interpreta que las modificaciones normativas previas, que redefinieron condiciones de prestación y ampliaron facultades para el concesionario, fueron pasos preparatorios para la entrada del sector privado. La iniciativa reactiva además una discusión histórica en Argentina: si el acceso al agua debe ser gestionado exclusivamente como un servicio público o si puede operar bajo criterios de rentabilidad privada regulada por el Estado.

Con el contrato regulatorio aprobado, la próxima fase será profundizar el proceso licitatorio para seleccionar al operador estratégico que asumirá la concesión. Las variables que más atención concentran son la definición del esquema tarifario futuro y las exigencias de inversión que tendrá el nuevo concesionario.