Intervienen el puerto de Ushuaia en plena temporada de cruceros y estalla la pelea Nación–Provincia
El Gobierno nacional tomó el control del puerto por un año por presuntas irregularidades financieras y fallas de seguridad. Tierra del Fuego salió con los tapones de punta y denuncia una decisión política sin sustento.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
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En medio del movimiento récord de cruceros y con la temporada alta en pleno desarrollo, el Gobierno nacional decidió intervenir el puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses.
La medida fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que argumentó graves irregularidades en el manejo de fondos, desvíos presupuestarios y un deterioro de la infraestructura que, según sostienen, pone en riesgo la operación y la seguridad. La intervención seguirá vigente hasta que la provincia “ordene” las anomalías detectadas.
Desde Nación explicaron que la decisión llegó después de varias inspecciones sin respuestas concretas, denuncias de presunto vaciamiento impulsadas por trabajadores portuarios y señales de alarma encendidas por las propias navieras que operan en el puerto más austral del país. Todo eso, dicen, obligó a avanzar aun cuando la terminal está explotada de actividad turística.
La reacción del gobierno fueguino no tardó ni cinco minutos. El gobernador Gustavo Melella salió a cruzar fuerte la medida en redes sociales y aseguró que no existe ninguna razón objetiva para semejante decisión. “El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia. No compartimos ni la medida ni sus fundamentos”, disparó, y defendió el funcionamiento de la terminal. “Opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros”, remarcó.
Más duro todavía fue el titular de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, que habló directamente de una intervención “arbitraria y extorsiva”. Señaló una contradicción clave en la resolución nacional: primero suspende la habilitación del puerto y, en otro artículo, levanta esa suspensión para no frenar la operatoria. “No es un problema técnico ni de seguridad, es presión política”, acusó sin vueltas.
Uno de los puntos que más ruido generó fue la auditoría sobre los números del puerto. Allí se detectó que no había registros claros de ingresos, egresos ni compras, una tarea que había sido tercerizada en una empresa sin antecedentes en administración portuaria y registrada para rubros tan ajenos como la venta de paraguas, termos y pelucas. Además, se comprobó que el 33% del presupuesto portuario terminó financiando gastos generales de la provincia, mientras que apenas el 1,3% fue a obras y mejoras en la terminal.
Mientras dure la intervención, la Prefectura Naval va a reforzar la seguridad y el control operativo, aunque las gerencias seguirán en manos de personal fueguino.
El conflicto se recalienta todavía más por una ley provincial reciente que creó un fondo para sanear la obra social fueguina con parte del superávit del puerto. Para Nación, esa norma pone en jaque la autonomía financiera de la terminal y fue el detonante final de la intervención. Desde la provincia lo niegan, aseguran que no se transfirió un solo peso y anticipan que podrían ir a la Justicia. Mientras tanto, Ushuaia sigue llena de turistas, los barcos siguen entrando y la pelea política navega en aguas cada vez más agitadas.
