Prorrogan la emergencia del sector energético hasta julio de 2026 y refuerzan los subsidios focalizados

El Gobierno nacional anunció este lunes la extensión de la emergencia en el Sector Energético Nacional, a través del Decreto 370/2025, que mantendrá esta situación crítica hasta el 9 de julio de 2026. Esta normativa también prorroga la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Entre las medidas adoptadas, se refuerza el 'período de transición hacia subsidios energéticos focalizados', que se había establecido previamente por el Decreto 465/2024. Esta continuidad permitirá a la Secretaría de Energía seguir progresando en la reestructuración del sistema de subsidios, aplicando Mecanismos de asistencia directa para los usuarios.

Una de las novedades de este decreto es la invitación a las provincias para colaborar con la Secretaría de Energía en la implementación de medidas que aseguren la adecuada prestación de servicios eléctricos en sus territorios. También se busca facilitar la política de subsidios focalizados, un aspecto que se considera crucial.

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo resalta la situación crítica heredada del gobierno anterior, señalando una 'herencia institucional, económica y social gravísima'. Presenta además tres áreas de vulnerabilidad en el sistema energético actual: la ineficiencia en la recaudación, el deterioro de las infraestructuras de provisión y distribución, y la falta de claridad en las señales de mercado tanto para los productores como para los consumidores.

El Ejecutivo sostiene que “continúa siendo imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece”. De esta manera, vincula la prórroga con los objetivos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley N.º 27.742), argumentando que la continuidad del régimen de emergencia ayudará a eliminar la opacidad de las tarifas, facilitando a los usuarios la comprensión de qué parte del servicio están abonando y cuál es subsidiada.

Por último, el Gobierno enfatiza que esta transparencia en la facturación se alinea con el artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de los consumidores a recibir información clara y veraz sobre los bienes y servicios que utilizan. Además, mediante la Resolución 715/2025, se ha declarado 'de carácter prioritario' la realización de diversas obras clave para el sector energético.