El Gobierno prevé lanzar en marzo los pliegos para privatizar el 90% de AySA
Como parte de la estrategia para reducir el gasto público y generar ingresos para el pago de deuda, el Ejecutivo busca vender la mayoría accionaria de AySA mediante una licitación que abrirá la competencia a operadores privados.
El Gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de ocho empresas públicas contempladas en la Ley Bases, buscando disminuir el gasto estatal y obtener recursos para afrontar el pago de la deuda. En este marco, se espera que durante marzo se publiquen los pliegos para la venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), abriendo la competencia a inversores privados interesados.
Si bien la valuación definitiva de AySA continúa en proceso, la expectativa oficial es recaudar aproximadamente USD 500 millones. Inicialmente, el decreto 494/2025 establecía la venta de al menos el 51% de la compañía y que el remanente se colocara mediante una Oferta Pública Inicial (OPV), manteniendo un 10% del capital para los empleados. Sin embargo, la nueva estrategia contempla licitar directamente el 90% a un operador estratégico, reservando el 10% restante para los trabajadores, mientras que la salida a Bolsa se postergaría para una etapa posterior tras una revisión quinquenal.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la dirección de Diego Chaher, coordina el proceso. Se prevé que se firme un contrato de concesión con una duración de entre 20 y 30 años que establecerá las responsabilidades y obligaciones del nuevo operador, garantizando reglas claras y previsibilidad jurídica antes de la licitación.
En julio de 2025, se modificó el marco regulatorio del Área Metropolitana de Buenos Aires para permitir el corte del servicio por mora, implementar ajustes tarifarios trimestrales ligados a la inflación y financiar obras a través de las facturas. Además, se trabaja en conjunto con el International Finance Corporation (IFC) y BID Invest para facilitar el financiamiento destinado a la ampliación y modernización de la red.
En diciembre pasado, AySA anunció el restablecimiento paulatino del mecanismo de actualización tarifaria con un tope del 4% mensual para el período enero-abril de 2026, luego de un año en que rigió un límite excepcional del 1% mensual, medida aprobada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).
AySA brinda servicio a más de 15 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Desde su estatización en 2006 hasta 2023, la empresa recibió aportes del Tesoro por USD 13.400 millones, más de la mitad del gasto acumulado en ese período. El monto que se espera obtener con la venta representa menos del 4% de esas transferencias.
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), la tarifa de agua en el AMBA aumentó un 375% desde diciembre de 2023. Por primera vez en 17 años, AySA cerró 2024 con superávit y en 2025 registró un saldo positivo neto de $237.000 millones, reduciendo su deuda en un 85%. Las transferencias del Tesoro descendieron de $1,31 billones en 2023 a $37.000 millones en 2025, destinados exclusivamente a gastos de capital.
La morosidad bajó del 16% al 11%, con la meta de alcanzar un 4%. Paralelamente, la empresa impulsó el Sistema Riachuelo, una de las obras de saneamiento más relevantes pospuestas durante décadas, que beneficiará a 4,5 millones de personas.
Actualmente, AySA cuenta con 6069 empleados, lo que implica una reducción del 22,1% respecto a los 7790 trabajadores que tenía en diciembre de 2023. En cuanto a su infraestructura, la empresa enfrenta desafíos: un 28% de la red de agua y el 50% de los afluentes están obsoletos, mientras que más del 40% del agua producida se pierde o no se registra.
