El Gobierno modifica el régimen de Aduana en Factoría y amplía beneficios a proveedores
Mediante el Decreto 252/2026, el Ejecutivo flexibiliza garantías, elimina barreras y extiende el Régimen de Aduana en Factoría para impulsar la competitividad e inversiones en la industria.
El Gobierno anunció modificaciones en el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a través del Decreto 252/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y su Gabinete, busca reducir trabas, flexibilizar requisitos y ampliar el alcance del régimen dentro del sector industrial.
Uno de los cambios más relevantes es la extensión del régimen para incluir no solo a las empresas industriales, sino también a sus proveedores. Esto permitirá que los proveedores importen insumos bajo el RAF para incorporarlos en procesos productivos que luego formarán parte de bienes intermedios y productos finales, fortaleciendo así la integración de la cadena productiva y sumando nuevos actores al sistema.
El decreto elimina la obligación de contar con acuerdos previos con cámaras sectoriales para acceder al régimen, una condición que el Gobierno consideraba limitante y capaz de fomentar prácticas restrictivas de la competencia. Además, se flexibilizan las garantías exigidas ante la Dirección General de Aduanas, dejando de lado la obligatoriedad de una garantía global, lo que facilitará a las empresas optar por alternativas más acordes a su situación financiera y disminuirá costos operativos.
En cuanto a la aplicación del régimen, la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero asumirán la autoridad de aplicación. Por su parte, la Dirección General de Aduanas deberá resolver las solicitudes de adhesión en un plazo máximo de 60 días, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos.
Desde el Ejecutivo, se señaló que el esquema vigente generaba barreras que desalentaban la inversión y la generación de empleo, por lo que esta reforma apunta a mejorar la competitividad de la industria frente a mercados internacionales. En los fundamentos del decreto, se resaltó la necesidad de impulsar exportaciones, reducir costos de transacción y eliminar privilegios sectoriales en un contexto económico que fue calificado como crítico.
Asimismo, se destacó que la experiencia del régimen en el sector automotor ha mostrado mejoras en producción, exportaciones y empleo, aunque su alcance era limitado respecto al total de la industria. El decreto establece que las modificaciones comenzarán a regir dentro de 60 días desde su publicación y que serán enviadas a la Comisión Bicameral del Congreso para su tratamiento correspondiente.
La medida busca dinamizar la cadena productiva, atraer inversiones y generar empleo, potenciando la competitividad del sector industrial en el actual contexto global. Empresarios valoraron la iniciativa como un paso clave para la reactivación económica.
