El Gobierno apunta a las prepagas y redirige los aportes a los afiliados

El Gobierno nacional anunció un cambio fuerte en el esquema de financiamiento de la salud privada: los excedentes de los aportes que realizan los trabajadores ya no quedarán en manos de las prepagas, sino que se aplicarán directamente como reducción en el valor de la cuota mensual. La medida se da tras la derogación de un artículo de la Resolución 2400/2023 de la Superintendencia de Salud, aprobada por la gestión anterior, que permitía a las empresas quedarse con esos fondos sin que se reflejaran en el servicio.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue tajante: “Durante casi dos años, las prepagas se beneficiaron con miles de millones de pesos que correspondían a los afiliados”. En su habitual conferencia de prensa, remarcó que la normativa derogada fue “un favor” que el gobierno anterior de Alberto Fernández les concedió a las compañías a cambio de congelar las cuotas en septiembre, octubre y noviembre de 2023, en plena campaña electoral.

En la misma línea, el ministro de Salud, Mario Lugones, explicó en la red social X cómo funcionaba el mecanismo: “Si un trabajador aportaba $120 y su plan costaba $100, la diferencia se la quedaba la prepaga. Ahora, esos fondos vuelven a sus dueños”. Además, adelantó que cada factura deberá detallar “de forma clara” el subsidio automático aplicado como descuento, lo que obligará a las compañías a transparentar montos que hasta ahora manejaban a discreción.

Lugones calificó la norma derogada como un “artículo oculto” y un “privilegio” difícil de justificar. También remarcó que la medida tendrá un impacto inmediato sobre 1,8 millones de personas que hasta ahora vieron cómo se les retenían miles de millones de pesos sin devolución alguna. “Esa apropiación se termina”, concluyó el ministro.

La noticia generó expectativa entre los afiliados, que desde hace tiempo sufren aumentos constantes en las cuotas de sus prepagas. En un contexto de inflación alta y salarios apretados, cualquier reducción, por mínima que sea, se siente como un alivio. Desde el sector empresario todavía no hubo respuestas oficiales, aunque se descuenta que la pulseada con el Gobierno continuará.

Durante años, las prepagas se movieron con total libertad, apelando a un discurso de “costos crecientes” mientras al mismo tiempo usufructuaban beneficios normativos a medida. Este caso muestra con claridad cómo, bajo el paraguas de la regulación, encontraron la forma de asegurarse ingresos extra sin rendir cuentas. La indignación oficial no parece exagerada: difícil justificar que el esfuerzo de los trabajadores terminara engrosando sus balances en vez de abaratar las cuotas.

La incógnita es qué harán ahora. El historial indica que cada vez que se les quita un beneficio, las prepagas buscan compensarlo por otro lado. Podrían intentar trasladar el golpe con aumentos encubiertos o inventando nuevos conceptos en la factura. El Gobierno, si de verdad quiere sostener el alivio prometido, deberá tener la lupa bien afilada. Porque si algo está claro es que a las prepagas nunca les tembló el pulso a la hora de defender sus márgenes, incluso a costa de sus propios afiliados.