El ajuste del Estado dejó el gasto público en su menor nivel en diez años

El tamaño del Estado se achicó como no se veía desde hace una década. Entre 2023 y 2025, el gasto público se redujo en 5,1 puntos del Producto Bruto Interno y terminó representando apenas el 14,5% del PBI, el registro más bajo de los últimos diez años. Así lo refleja el último informe de la Fundación Libertad.

El ajuste no fue parejo: el recorte se cargó principalmente sobre la obra pública, los subsidios económicos y las transferencias corrientes. En paralelo, las prestaciones sociales pasaron a ocupar un lugar cada vez más central dentro del presupuesto. De hecho, en 2025 explicaron cerca del 66% del gasto total del Estado, cuando dos años antes representaban poco más del 54%.

Según el análisis de la Fundación Libertad, la estrategia del gobierno de Javier Milei apuntó a reducir aquellas partidas que no están directamente vinculadas a ingresos o asistencia social. Jubilaciones, pensiones, asignaciones y otros beneficios quedaron relativamente al margen del ajuste más duro, al menos en términos de participación dentro del gasto total.

Donde sí se sintió con fuerza la motosierra fue en la obra pública. Dentro del recorte total de 5,1 puntos del PBI, la inversión en infraestructura cayó 1,24%, quedando prácticamente reducida a su mínima expresión. También se achicaron fuerte otras prestaciones sociales que no incluyen jubilaciones ni asignaciones, con una baja de 1,12% del producto.

Los subsidios económicos fueron otro blanco central del ajuste. Tanto los destinados a la energía como al transporte retrocedieron cerca de un punto del PBI en comparación con 2023. En 2025, ambos conceptos juntos representaron alrededor del 1% del producto, por debajo del 1,4% registrado en 2024 y apenas la mitad de lo que pesaban dos años atrás, cuando rondaban el 2% del PBI.

En el detalle, los subsidios energéticos pasaron a ubicarse cerca del 0,6% del producto, tras varios años en niveles elevados. Los subsidios al transporte, en tanto, se redujeron casi a la mitad en el último bienio y hoy rondan el 0,3% del PBI. Durante el período 2020-2023, ambos rubros se habían mantenido de manera sostenida por encima del 2%.

El ajuste también alcanzó a los salarios del sector público, que explicaron una contracción de 0,71% del PBI. En una magnitud similar se redujeron las transferencias a las provincias y a las universidades nacionales, dos áreas que concentraron buena parte de las tensiones políticas durante el proceso de recorte.

Hacia adelante, el informe deja planteado un escenario donde el gasto social gana peso relativo, no tanto por expansión, sino porque el resto de las partidas se achican a mayor velocidad. El desafío será sostener ese esquema sin que el deterioro en infraestructura, servicios públicos y financiamiento a las provincias termine pasando factura en el mediano plazo.

Al mismo tiempo, el bajo nivel del gasto abre un debate de fondo sobre el rol del Estado y la capacidad de sostener políticas públicas con una estructura tan reducida. Con la economía todavía en proceso de estabilización, la discusión ya no pasa solo por cuánto gasta el Estado, sino en qué y con qué impacto real sobre la actividad y la vida cotidiana.