EEUU inicia la aplicación del arancel global del 10% pese a fallo de la Corte Suprema
El gobierno estadounidense comenzó a implementar la Sección 122, un arancel del 10% con exenciones sectoriales, mientras crece la controversia judicial y política en torno a la medida.
Estados Unidos puso en marcha un nuevo arancel global del 10%, conocido como Sección 122, tras la firma de una orden ejecutiva realizada el viernes anterior desde el Despacho Oval por el presidente Donald Trump. La medida tendrá una vigencia inicial de 150 días y contempla exenciones para sectores como la industria farmacéutica y productos amparados por el tratado comercial con México y Canadá.
La Casa Blanca justificó la imposición de estos derechos aduaneros con el objetivo de mitigar “los grandes y graves déficits de la balanza de pagos” que enfrenta el país. La administración apeló a razones de emergencia nacional para respaldar el uso de los aranceles como una herramienta de presión política.
En una conferencia de prensa improvisada el 20 de febrero, Trump expresó duras críticas contra la Corte Suprema, sugiriendo que algunos magistrados estaban influenciados por intereses extranjeros. Afirmó que el fallo judicial, que cuestionó la legalidad de la medida, lo dejaba “más poderoso” y anunció que buscará alternativas legales para sostener su política arancelaria.
En sus redes sociales, el mandatario advirtió: “Cualquier país que quiera ‘jugar’ con la ridícula decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a EEUU durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que aceptaron hace muy poco”. Ante este escenario, la Casa Blanca modificó el decreto presidencial 14.380, vigente desde el 29 de enero, que aplicaba aranceles especiales a países exportadores de petróleo a Cuba, argumentando la protección de la seguridad nacional estadounidense.
La polémica también se extiende al destino de hasta USD 170.000 millones recaudados por aranceles hasta la fecha. Varias empresas y estados con gobiernos demócratas han anunciado que recurrirán a la justicia para reclamar indemnizaciones, aunque Trump anticipó que estos procesos podrían prolongarse durante años. Además, el presidente amenazó con incrementar los aranceles para las importaciones de países que intenten aprovechar la decisión judicial para evadir las medidas arancelarias.
Los nuevos aranceles no afectan a la mayoría de productos procedentes de Canadá y México, protegidos por el acuerdo comercial trilateral vigente. Sin embargo, algunos bienes, como automóviles y acero, podrían verse gravados con nuevos aranceles conforme a lo autorizado por la Corte Suprema en una votación de 6 a 3.
En paralelo, el gobierno estadounidense continúa negociando nuevos tratados comerciales con naciones como Corea del Sur e India desde 2025, y se espera que este año se retomen las conversaciones para el Tratado de Libre Comercio T-MEC con Canadá y México. Desde la década de 1980, la liberalización de las importaciones ha sido un tema recurrente de crítica para Trump, quien ha cuestionado la falta de beneficios para Estados Unidos frente a socios clave como Japón, la Unión Europea y China.
La medida ha generado rechazo entre aliados y sectores empresariales, que advierten sobre posibles represalias comerciales y un aumento en los costos para consumidores. Expertos alertan que podría intensificar la guerra comercial y afectar la economía global.
