Belliboni, líder del Polo Obrero, enfrentará un juicio por extorsión y desvío de fondos: todos los detalles
El juez Sebastián Casanello confirmó el juicio contra Eduardo Belliboni y 17 dirigentes por un presunto esquema de extorsión y desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo.
Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, se encuentra a las puertas de un juicio oral y público tras ser acusado de extorsionar a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, además de defraudar al Estado con el uso de fondos públicos. La decisión del juez federal Sebastián Casanello de elevar la causa a juicio involucra a otros 17 dirigentes, entre ellos Jeremías Cantero y Gianna Puppo.
La acusación apunta a una "matriz delictiva" que habría funcionado entre junio de 2020 y marzo de 2024. La fiscalía, liderada por Gerardo Pollicita, sostiene que el Polo Obrero, bajo la dirección de Belliboni, controla alrededor de 65.000 planes sociales, para los cuales se exige a los beneficiarios que asistan a marchas y contribuyan económicamente, bajo la presión de perder dicho beneficio.
Documentos como el 'Cuaderno de movilizaciones Rivadavia 1' y listas que registran la asistencia a eventos, incluyendo una protesta del 1 de mayo de 2023, evidencian el mecanismo de control establecido, que contempla sanciones como la reducción o eliminación de beneficios para quienes no cumplen. El magistrado Casanello determina que el Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado se benefician del desvío de fondos públicos a través de facturas falsas emitidas por empresas como Coxtex y Ricoprint, utilizando los recursos para financiar actividades políticas del Partido Obrero, incluyendo campañas electorales.
Se estima que entre agosto de 2023 y febrero de 2024, la organización logra recaudar más de $313 millones mediante estas prácticas. Gerardo Pollicita, en su dictamen de 279 páginas, destaca que “se aprovecharon de la vulnerabilidad de miles de personas para obtener poder y dinero”, asignando a Belliboni el título de "jefe" de la presunta estructura delictiva. La elevación del caso a juicio, confirmada el 9 de abril después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara apelaciones en enero, genera diversas reacciones. Belliboni desestima las acusaciones, considerándolas un fraude y una estrategia política destinada a intimidar a las organizaciones sociales.
En comunicados a medios de Buenos Aires, afirma su intención de llevar el asunto a instancias internacionales como la ONU y la CIDH, argumentando irregularidades en el proceso judicial. Los orígenes de esta investigación se remontan a denuncias anónimas que llegan al Ministerio de Seguridad en diciembre de 2023, y expone las tensiones entre el Estado y las agrupaciones piqueteras. Durante la gestión de Alberto Fernández, el Polo Obrero y otros movimientos actúan como intermediarios del Potenciar Trabajo, recibiendo subsidios que, según las autoridades judiciales, están siendo mal utilizados.
